México enfrenta una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos, marcada por las más de 133,000 personas desaparecidas reportadas oficialmente. Esta cifra no solo refleja la emergencia en la materia, sino que también destapa una grave crisis forense y de investigación que impide la identificación de víctimas, el acceso a la verdad y la garantía de justicia para las familias, según alertaron decenas de organizaciones de la sociedad civil.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las asociaciones subrayaron que las familias buscadoras, así como los defensores de derechos humanos y los periodistas, realizan su labor en medio de peligros constantes. Estas personas no solo cargan con el dolor de la ausencia, sino que también se exponen a agresiones, riesgos y a una respuesta institucional insuficiente.
La violencia sistemática en cifras
Desde 2016, al menos 25 buscadores han sido asesinados y siete más desaparecidos, de los cuales tres permanecen sin localizar. De manera paralela, al menos 63 defensores, periodistas y colaboradores de medios han sido víctimas de desaparición, 17 de ellos indígenas. Del total, 23 continúan sin ser encontrados, lo que evidencia la gravedad y sistematicidad de estos crímenes. La situación es aún más crítica para las mujeres, quienes enfrentan riesgos diferenciados como violencia sexual y hostigamiento, lo que demanda medidas de protección con perspectiva de género.
Los estados más peligrosos
La violencia se agrava en entidades como Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, donde la impunidad y la criminalización aumentan los riesgos para los activistas.
Casos emblemáticos y exigencias
El asesinato de Roberto Hernández, buscador en el Estado de México; la desaparición aún no resuelta de Irma Galindo, activista mixteca de Oaxaca bajo protección oficial; y el hallazgo sin vida de la defensora Sandra Domínguez meses después de su desaparición, ejemplifican la magnitud de la violencia.
Ante este panorama, las organizaciones exigen al Estado mexicano una respuesta efectiva que atienda de urgencia la crisis forense, garantice la localización e identificación digna de los restos y reconozca oficialmente la labor de los buscadores como una defensa de los derechos humanos. Además, reclaman su incorporación al Mecanismo de Protección con medidas efectivas y la aparición con vida de todos los desaparecidos.
Con información de La Jornada https://tinyurl.com/635pec6d
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