El gobierno federal aplicará aranceles a productos de naciones sin tratados comerciales con México, con el objetivo declarado de proteger aproximadamente 350 mil empleos en sectores estratégicos. El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció este lunes que la medida busca garantizar condiciones de competencia leal para industrias nacionales.
La decisión, aprobada la semana pasada por el Senado en un procedimiento fast track, afecta a 1,463 fracciones arancelarias en 17 sectores industriales. Ebrard subrayó que la acción responde a demandas de industrias como la automotriz, acerera, textil, de vestido y calzado.
Enfoque en productos, no en países
El secretario de Economía aclaró que los aranceles no se dirigen contra naciones específicas, sino contra productos concretos provenientes de países con los que México carece de acuerdos comerciales. Entre estos se encuentran China, India, Corea del Sur, Rusia e Indonesia.
“El propósito es cuidar 350 mil empleos de México. Ese es el objetivo final”, afirmó Ebrard durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Señaló que el impacto en los precios para el consumidor será menor, con una estimación de 0.2 por ciento.
Distribución geográfica y sectores beneficiados
La mayoría de los empleos que se pretenden proteger se localizan en entidades como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.
El sector automotriz, que genera un tercio del empleo manufacturero nacional, concentra una parte significativa de los puestos bajo resguardo. Las industrias del calzado, vestido, acero y textil también figuran entre las principales beneficiadas.
Recaudación secundaria y diálogo internacional
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que estas medidas podrían generar una recaudación fiscal adicional de hasta 30 mil millones de pesos anuales, aunque enfatizó que este no es el objetivo principal.
“No queremos enemistarnos con ningún país”, afirmó la mandataria. Subrayó que su gobierno mantiene diálogo con las naciones cuyos productos serán gravados, así como con los sectores industriales locales que impulsaron la medida.
La justificación oficial se centra en impedir la entrada de productos con precios por debajo de los de referencia internacional, situación que, según el gobierno, crea una competencia desleal y pone en riesgo el empleo nacional.
Fuente: La jornada
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