La Cámara de Diputados aprueba Reforma Constitucional para crear una Ley General contra la Extorsión
Con un respaldo unánime de 474 votos, la Cámara de Diputados avaló una modificación al Artículo 73 de la Constitución. Esta reforma otorga al Congreso de la Unión la facultad de crear una Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de unificar las sanciones carcelarias para este delito en todo el país y permitir que su persecución se realice de oficio, sin depender de una denuncia previa de la víctima.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en julio, recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios tras un debate de casi cuatro horas. El dictamen fue turnado al Senado para su siguiente fase legislativa.
Durante la discusión, el diputado Leonel Godoy (MORENA) fundamentó la enmienda, destacando que la extorsión es el ilícito de más rápido crecimiento en México. Señaló que el promedio diario de casos pasó de 19 en 2018 a 29 en enero de este año, lo que representa un aumento del 58% en seis años. Godoy explicó que este crimen, que se manifiesta principalmente mediante el “cobro de piso” presencial y las extorsiones telefónicas —muchas originadas desde prisiones—, daña severamente la economía, la salud mental y la tranquilidad de la ciudadanía.
La iniciativa busca combatir este flagelo, que afecta especialmente a pequeños negocios y gobiernos municipales, mediante una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
En sus intervenciones, diputadas como Marycarmen Bernal (PT) alertaron que la extorsión actúa como un “impuesto criminal” que paraliza la economía. Bernal reveló que en el primer semestre de 2024 se documentaron 6,880 víctimas, la cifra más alta en seis años, con un costo para la sociedad que supera los 26 mil millones de pesos anuales. Por su parte, Laura Hernández (MC) citó datos de la Encuesta Nacional de Victimización que estiman 4.9 millones de casos en 2024, donde el 85.6% fueron telefónicos y en el 12.9% de ellos la víctima accedió a pagar.
Aunque hubo consenso en apoyar la reforma, varios legisladores advirtieron que la futura ley debe ser operativa, contar con presupuesto suficiente y no quedarse en un cambio meramente simbólico. El priista César Alejandro Domínguez exigió que la ley sea “clara, operativa y con presupuesto”. Desde el PAN, Anya Gómez Cárdenas y Héctor Saúl Téllez coincidieron en la urgencia de dotar de fondos suficientes a la seguridad pública, especialmente ante un proyecto de presupuesto para 2026 que propone una reducción de más de 10 mil millones de pesos en esta área. Téllez también destacó que el número anual promedio de carpetas de investigación por extorsión ha aumentado un 75% en comparación con el sexenio anterior.
Con información de La Jornada https://tinyurl.com/ynwdmzw5
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