Un informe de la Iniciativa Kino para la Frontera revela datos alarmantes sobre el perfil de las personas deportadas a Nogales, Sonora. El estudio destaca que más del 44% de un grupo de 278 migrantes deportados entre mayo y julio había residido en Estados Unidos por más de diez años, una situación que provoca graves rupturas sociales y vulnera el derecho a la vida familiar y la estabilidad comunitaria.
El documento titulado “Ellos no me dejaron decir adiós” también señala que el 39.2% de los deportados reportó haber sido separado de sus familiares directos, principalmente de sus parejas e hijos, muchos de los cuales poseen ciudadanía estadounidense. Esta práctica niega el derecho a la reunificación familiar y desencadena severos efectos en la salud emocional de niños, adolescentes y adultos.
Adicionalmente, el 57% de las personas deportadas residía en Estados Unidos al momento de su detención, lo que confirma un cambio significativo en las políticas de aplicación de la ley bajo el gobierno de Donald Trump, las cuales ahora impactan a comunidades migrantes con décadas de establecimiento y arraigo, y no solo a migrantes recién llegados.
Los arrestos, según el informe, frequently comenzaron con detenciones por fuerzas del orden locales o estatales, con una participación directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casi la mitad de estos casos, often en espacios públicos. La mayoría de las detenciones (60%) ocurrieron en Arizona.
Durante el proceso, los deportados denunciaron haber sufrido condiciones de hacinamiento, negligencia médica, exposición a humos tóxicos, abusos verbales y físicos, y traslados prolongados en condiciones degradantes, lo que evidencia una clara vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad personal y a la salud.
Con información de La Jornada https://tinyurl.com/2hzfvhsr
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