Explicaron que, aunque refiere principalmente a hechos ocurridos entre 2009 y 2017 y se circunscribe a 4 estados, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
“El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”, señalaron.
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Además, el Gobierno federal resaltó “la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas”.
Declaró que “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
En ese sentido, subrayó que la presente administración se emprendió una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo, “herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente”, tales como:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda
El Gobierno de México reafirmó que mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, como reconoció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Explicó que está abierto a la cooperación técnica internacional, “pero no a partir de premisas que no relejan su realidad actual”.
“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, finalizó el Gobierno Federal.
Fuente: SPR Informa
