Cámara de diputados da visto bueno a la ley general contra la extorsión
La nueva normativa unifica el tipo penal a nivel nacional, pero una modificación para atenuar las sanciones a funcionarios dividió la votación y generó advertencias sobre la posible liberación de sentenciados.
En una sesión maratónica que se extendió por más de diez horas, la Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley General contra la Extorsión, un cuerpo legal que busca combatir de manera unificada este delito en todo el territorio nacional. El dictamen, que prevé un tipo penal básico con penas de 6 a 15 años de prisión, fue avalado por unanimidad en lo general, pero una reserva en lo particular sobre sanciones a servidores públicos generó un agrio debate y fracturó los votos.
Un tipo penal con 34 agravantes
La ley establece un catálogo de 34 agravantes que incrementarán la pena base. Entre estas circunstancias que agravan el delito se encuentran el “cobro de piso” a comercios y los “montachoques”. La normativa también reforma el Código Penal Federal para que la extorsión amerite prisión preventiva oficiosa y sea perseguida de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar una investigación sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.
Al detallar los puntos de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, explicó que “al contar con una ley general y definir un solo tipo penal, se contará con una fuerza única de persecución para que el Estado actúe como un frente unido”.
La polémica: reducción de penas para funcionarios
El punto de discordia surgió con una reserva presentada por Morena, PT, PVEM y MC para atenuar las sanciones contra policías, agentes del Ministerio Público y directivos de penales que omitan denunciar el delito. Mientras la propuesta original contemplaba penas de 10 a 20 años de prisión para estos servidores públicos cómplices, la reserva aprobada las redujo a un rango de 5 a 12 años.
Al defender la modificación, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, argumentó un “principio de proporcionalidad”. “La gravedad de la omisión no es igual a la comisión del delito. No se le puede aplicar una pena mayor al funcionario que omite frente al extorsionador. Es una razón lógica, proporcional”, sostuvo desde la tribuna.
Advertencia sobre liberación de extorsionadores
En contraste, el PAN y una parte del PT alertaron sobre un efecto colateral no deseado. Debido a que la nueva ley establece una pena máxima de 15 años para el tipo básico, en al menos cuatro estados donde las condenas por extorsión son mayores (como Chihuahua, donde la pena puede llegar a 30 años), se podría permitir la libertad inmediata de al menos 600 sentenciados que ya hayan cumplido más tiempo que la nueva pena máxima.
El coordinador del PAN, Elías Lixa, incluso deslizó que se estaría ante una “ley Bermúdez”, en referencia al ex secretario de Seguridad de Tabasco, actualmente procesado por extorsión y secuestro.
Hacia el senado y los mecanismos de persecución
Tras la aprobación en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, la minuta fue turnada al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación.
Entre las herramientas operativas, la ley detalla que la investigación se comenzará de oficio y se recibirán denuncias anónimas a través del número 089. Asimismo, se impondrá el bloqueo de líneas telefónicas en los centros penitenciarios para dificultar que los reclusos continúen con actividades delictivas. Finalmente, se prevé que los bienes decomisados a los extorsionadores financiarán la reparación integral del daño a las víctimas.
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Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/10/29/politica/aprueba-la-camara-de-diputados-la-ley-contra-la-extorsion