El 30 de abril pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) alertó a la Casa de Moneda de México acerca de las vulnerabilidades en su sistema de seguridad, incluido el riesgo de robo armado en sus tiendas, museo y planta de San Luis Potosí. Tres meses después de esa alerta se perpetró el hurto de centenarios en la tienda de avenida Reforma, en la Ciudad de México, con valor de 55 millones de pesos.
La auditoría interna 05/2019 –clave 6363, descripción 4.0.0 “Desempeño de la Gerencia de Seguridad”– revela que la institución que encabeza el maestro Jorge Andrés Raygoza Echeagaray ya estaba advertida del peligro, pero evidentemente omitió corregir las anomalías en sus controles de custodia, pese a la urgencia manifestada por la Función Pública.
En la Cédula de observaciones se lee que el Órgano Interno de Control ordenó a la Casa de Moneda “revisar y autorizar los instructivos del área relativos a los protocolos de actuación para planear, organizar y coordinar las estrategias de prevención y/o defensa para enfrentar situaciones de emergencia en la planta San Luis Potosí y en las tiendas de Casa de Moneda, en caso de ataque armado o asalto”.
Y es que, a inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la institución que depende de la Secretaría de Hacienda no contaba con criterios en su Gerencia de Seguridad –encargada de proteger los valores– para actuar frente a un escenario como el ocurrido en su unidad de avenida Reforma el pasado 6 de agosto, al presentar graves omisiones en el procedimiento CMM-GDS “Procesos de seguridad”.
Ejemplo de ello es que la Subdirección de Recursos Humanos no aplica evaluación de confianza al personal contratado para labores de vigilancia, y que la Gerencia de Seguridad no solicita como requisito, para su contratación, la carta de no antecedentes penales, “no obstante la naturaleza de las actividades a desempeñar ni el objetivo del área”, indica la auditoría.
Consultada sobre esta alerta de la Función Pública, la Casa de Moneda –a través de Guillermo Vargas, del área de Comunicación Social– indica que “en este momento se reservan cualquier comentario, debido a la secrecía que requiere la investigación” del atraco del pasado 6 de agosto.
Más aún, en el caso de la tienda asaltada y de la Casa del Apartado –museo que alberga el Acervo Numismático y Documental–, la Función Pública descubrió que en el procedimiento “no se definen claramente las responsabilidades de representación, supervisión y mando del personal de seguridad ubicados en las diversas instalaciones de la entidad de la Ciudad de México”.
Muestra de ello es que una persona de nombre Román fue contratada como asistente de administración B, para funciones administrativas y de trámite del departamento de seguridad, pero en realidad se desempeñaba al momento de la fiscalización como encargado de la seguridad en la Casa de Moneda, así como del centro de monitoreo del museo y de las cámaras instaladas en las oficinas del Corporativo Reforma y las tiendas de Altavista y Reforma.
En su observación correctiva, los contralores federales sugieren que esta situación habría derivado en “los antecedentes que se tuvieron ante las eventualidades ocurridas en el Museo Numismático, tienda Reforma y tienda Altavista”. En dichas eventualidades se incluyen tres robos ocurridos en 2018 en las tiendas de Reforma y Altavista y en el museo, sin que la Casa de Moneda haya accedido a revelar los montos de las pérdidas; no obstante, Expansión refiere que uno de ellos ascendió a 3 millones de pesos.
El informe de 26 páginas –con fecha de compromiso para cumplir las observaciones: 12 de julio de 2019– señala que las fallas en el sistema de seguridad incluyen los protocolos relacionados con su propio personal: la anomalía se refiere a la revisión, tanto al entrar como al salir, de los bultos, portafolios, mochilas, cajas y bolsas de mano que portan los trabajadores.
Y es que no hay reglas claras respecto del “cacheo del personal”: “no se especifica de forma concreta las acciones que proceden durante la revisión general en caso de detectar algún material [como el oro] o valor [como los centenarios] mediante la descripción del orden general de la secuencia de las circunstancias (tiempo, modo y lugar), lo anterior, a fin de garantizar el apego a las normas relativas a los derechos humanos y salvaguardar los objetivos de la entidad”.
En el caso de la planta de San Luis Potosí, donde se confeccionan los centenarios y monedas conmemorativas, el tema es aún peor: en la Dirección Corporativa de Operaciones ni siquiera se contemplan medidas para entrar y salir en todas las áreas. Tampoco se tiene establecido el horario para recepción de material.
En esa misma planta ni siquiera funcionan tres arcos detectores de metales, adquiridos en 2017 a Comercializadora Tomaur por 320 mil dólares. Ello, a pesar de que la contratista se comprometió a resolver las fallas desde noviembre de ese año.
Otra área en grave riesgo es el museo, donde tampoco se cumplen las normas; y es que aunque se tiene establecido el uso de rayos x para la revisión de bultos, portafolios, mochilas, cajas y bolsas de mano tanto al entrar como al salir, “la revisión en este sitio se efectúa de manera visual y en ocasiones mediante el tacto al interior de los contenidos y en forma desproporcionada, ya que existen diversos accesos a las instalaciones y, por ello, dicha inspección no es imparcial ni constante”.
Aunado a lo anterior, los oficiales de seguridad son empleados en actividades ajenas a la vigilancia, como el borrado de broqueles, acompañamiento de las visitas del museo, asistencia en inventarios y control diario del transporte de personal.
En la Casa de Moneda de México ni siquiera se tiene certeza de la capacidad de respuesta ante una eventualidad como el robo o ataque armado. El informe de la Función Pública refiere que otra falla es que no se indica la forma y frecuencia para la capacitación y adiestramiento técnico en el manejo de armas de los elementos de seguridad.
Derivado de esto, el Órgano Interno de Control le solicitó a la Casa de Moneda “indicar la forma y frecuencia de las actividades referentes a la capacitación y adiestramiento técnico en el manejo de armamento del total de los elementos del personal de seguridad acreditados en la licencia emitida por la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], así como sus evaluaciones”.
El Órgano Interno de Control indica que “el motivo de esta observación probablemente se origina por la secrecía y hermetismo que prevalece en la Gerencia de Seguridad hacia sus procedimientos, procesos y controles, el desconocimiento y falta de aplicación hacia los procedimientos del área, así como a la falta de supervisión y control de parte del responsable de la función, lo que posiblemente genera que las actividades del área no se apeguen a las normas establecidas”.
Las fallas no acaban ahí. La Gerencia de Seguridad reportó en sus activos fijos que 24 cámaras, cámaras digitales de alta resolución y domos Fastrax II fueron separados porque se encuentran dañadas y/o no funcionan. Pese a ello, no fueron notificados a la Gerencia de Almacenes para proceder a su reparación o sustitución.
Además, otros 57 activos fijos se encuentran pendientes de ubicación, e incluso en el caso de los que sí están ubicados no necesariamente funcionan, pues el propio OIC señala en su reporte que las propias cámaras de las oficinas donde está albergado no funcionan. “Existen cámaras instaladas que ya no están en funcionamiento, como es el caso de la que se tiene en las oficinas del Órgano Interno de Control, por lo que la existencia funcional verídica de las mismas no es correcta”.
Sobre este mismo tema, se da cuenta de que la Gerencia de Seguridad carece de registro y control inmediato sobre las cámaras de vigilancia instaladas en todas las áreas de la institución.
La evaluación puntual del Órgano Interno de Control debe ser una alerta para la joven administración de Arturo Herrera y por supuesto de Raygoza Echeagaray. Urge que la Secretaría de Hacienda y la Casa de Bolsa corrijan la retahíla de anomalías en la Gerencia de Seguridad.
Artículo publicado por Contralínea.