La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este lunes la política de inmigración de línea dura del entonces presidente Donald Trump, autorizando a las autoridades federales a llevar a cabo operativos en el sur de California para deportar a personas considerando factores como su raza o idioma.
El máximo tribunal accedió a una solicitud del Departamento de Justicia para suspender una medida cautelar de un juez federal que impedía temporalmente a los agentes detener a personas sin una “sospecha razonable” de que se encontrasen ilegalmente en el país, basándose en su origen étnico o en si hablaban español, entre otros criterios.
Las tres magistradas progresistas del tribunal disintieron abiertamente de la resolución.
La juez de distrito Maame Frimpong, con sede en Los Ángeles, había emitido el fallo restrictivo el pasado 11 de julio. En su decisión, argumentó que las acciones del Gobierno de Trump probablemente violaban la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución contra allanamientos e incautaciones irrazonables. Su orden afectaba a la jurisdicción de su tribunal, que abarca una extensa área del sur de California.
En un escrito, el Departamento de Justicia justificó el uso de un “perfil razonablemente amplio” en una zona donde, según el Gobierno, aproximadamente el 10% de los residentes estaría en situación irregular.
Esta fue la apelación más reciente del Gobierno ante la Corte Suprema para impulsar políticas previamente bloqueadas por tribunales inferiores por cuestiones de legalidad. El tribunal, de mayoría conservadora (6-3), ha tendido a respaldar a Trump en la mayoría de estos casos.
Trump fue reelegido el año pasado para un segundo mandato tras prometer deportaciones récord. Las redadas de su Administración, incluso en Los Ángeles, han generado alarma en comunidades de inmigrantes, provocado protestas y motivado demandas por las tácticas agresivas de agentes federales armados y encapuchados.
En mayo, Stephen Miller, asesor principal de Trump y principal arquitecto de su agenda migratoria, presionó a los líderes de ICE para incrementar las deportaciones, fijando una meta de tres mil detenciones diarias.
En otras ocasiones, el máximo tribunal también ha permitido al Gobierno deportar a inmigrantes a países que no son el suyo sin permitirles demostrar los riesgos que podrían enfrentar, además de revocar estatus legales temporales previamente concedidos por motivos humanitarios a cientos de miles de personas.
Con información de La Jornada https://tinyurl.com/4ndudsnn
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