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Las muertes por Covid-19 en Puebla aumentaron más de dos veces durante las primeras cinco semanas días de la “Nueva Normalidad”, pues pasaron de 497 a mil 700, lo que implica una diferencia de 242 por ciento.

Este martes, las autoridades informaron de 20 defunciones que se suman a las mil 680 reportadas el lunes, así como otros 283 nuevos contagios, para acumular 11 mil 832.

Las 1 mil 700 muertes representan el 14.3 por ciento del total de personas que han adquirido el virus, de acuerdo con las cifras oficiales.

El primero de junio, el gobierno federal concluyó el confinamiento obligatorio para las entidades del país y dio paso a la “Nueva Normalidad” que consiste en la reapertura de sectores productivos que, a partir de esa fecha, fueron catalogados como esenciales, como el automotriz y de la construcción.

Aunque el gobierno poblano decidió no permitir la reanudación de esas actividades, Volkswagen y Audi retomaron actividades a partir del 15 de junio

Casos acumulados llegan a 261 750 casos

Con corte al lunes 6 de julio, la Secretaría de Salud (SSa) informó que en México suman ya 261 mil 750 casos acumulados de Covid-19.

En conferencia desde Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hay contabilizadas 31 mil 119 muertes a causa del nuevo coronavirus.

Desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en México, el pasado 28 de febrero, actualmente existen 73 mil 35 casos sospechosos

Con información de eConsulta https://bit.ly/2BPzBln

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Profepa ordena investigación por la castración del oso de NL

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La Profepa ordenó investigar la castración del oso de Chipinque, Nuevo León, luego de que este se viera en distintas ocasiones interactuando con humanos y se procediera a su captura el pasado 6 de agosto.

El ejemplar fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, antes de ser liberado en Chihuahua.

Fue en la institución, donde un especialista decidió castrarlo, por considerar que la medida evitaría enfrentamientos con otros machos, reduciría su desplazamiento e impediría el movimiento artificial y la reproducción de su subespecie.

Al parecer el procedimiento fue autorizado por un funcionario de la dependencia.

En este sentido, se ordenó se investigue el porqué de la decisión de castrar al ejemplar y se entregue las constancias documentales que la sustenten.

La medida causó polémica en redes, ya que esta especie de oso está considerada en peligro de extinción, toda vez que se trata de un juvenil.

Con información de ADN 40 https://bit.ly/2XOqEAF

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Veracruz tiene más fosas clandestinas que municipios

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  • La Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas era un símbolo de esperanza para más de 130 familias; sólo encontraron cenizas.

Usted ya nunca va a encontrar a su hijo. Ya no lo busque porque su hijo fue cocinado, le dijeron a Maricel Torres Melo la última ocasión en que dio dinero a cambio de información. Entonces creía que era una mentira para que ya no buscara o que la habían engañado por dinero, como la vez que pagó hasta quebrar económica y emocionalmente pensando que protegía la vida de su hijo, pero en realidad era extorsionada a costa de su desesperación.

Cuando desapareció Iván Eduardo Castillo Torres, de 17 años, cada día después de ese salió a buscarlo, dice ella, “como una loca”, fotografía en mano, preguntando a quienes viven en las comunidades rurales alrededor de Poza Rica si lo habían visto.

Iván le pidió permiso para salir la noche del 25 de mayo de 2011. Aunque no era fin de semana, convenció a sus padres de que lo dejaran ir con dos amigas y otro muchacho a la feria de la Cámara Nacional de Comercio. Después de la medianoche avisó que volvería tras cenar tacos con sus amigos en la avenida 20 de Noviembre, una de las calles más activas del municipio petrolero del norte de Veracruz, pero fue la última vez que se comunicó. Lo que averiguó Maricel sobre su hijo y sus amigos fue que los detuvo la Policía Intermunicipal Poza Rica–Tihuatlán–Coatzintla.

El primer contacto que tuve con Maricel fue a mediados de 2018. Me relató cómo conoció a los hermanos Trujillo Herrera y a su madre, María Herrera, de quien tomaron el nombre para conformar el primer colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Poza Rica y el resto de los municipios del norte veracruzano. A ellas las unió un lazo invisible, pero poderoso: la búsqueda de un hijo. María buscaba a cuatro, dos desaparecidos en Atoyac, Guerrero, en 2008, y dos en Poza Rica, también por la Policía Intermunicipal y en el mismo año que Iván. Ambas mujeres pasaron de tratar de localizar a los suyos a emprender un trabajo para encontrar a decenas, cientos; a los de sus compañeras, las que murieron a la espera de una respuesta o quienes ya no pueden salir más por el cansancio o el miedo.

En aquella entrevista telefónica, Maricel confesó que no conocía ya otra vida que no fuera la búsqueda de Iván. Que a lo único a lo que le temía era a morirse sin haberlo encontrado y que si él pudiera oírla, le diría:

«Iván, desde donde sea que estés, tu mamá te ama y te dice que te va a encontrar”.

Hay más fosas que municipios en el estado de Veracruz. Situado a lo largo del Golfo de México, si el mapa se tiñera de rojo para resaltar las ciudades en las que se han registrado entierros clandestinos, la entidad federativa luciría como una cicatriz alargada e hinchada frente al mar. Además de las 460 fosas contabilizadas de 2010 a 2018, según solicitudes de información oficial como la 02173318 realizada al sistema Infomex Veracruz, también se han descubierto miles de fragmentos óseos y cinco pozos artesianos que en lugar de acumular agua, escondían cadáveres. Los cuerpos que se han recuperado en la última década corresponden a 993 personas, lo mínimo que los rompecabezas humanos han permitido identificar: muchas veces, ni siquiera se hallan completos; apenas los cráneos o esqueletos despojados de éstos.

A pesar de todo, el número todavía es demasiado bajo si se compara con los 2,433 expedientes abiertos por desaparición de la Fiscalía General de Veracruz hasta 2018, en un país con más de 60 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, aunque los colectivos de búsqueda locales estiman que sólo en Veracruz hay más de 10 mil personas faltantes, suficientes como para llenar el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. No por nada Veracruz es el segundo lugar nacional en fosas, según el conteo histórico de fosas clandestinas de 2006 a 2019 de la Secretaría de Gobernación de México.

La violencia entró a Veracruz por el norte. Antes de 2010 no se sabía de fosas clandestinas, aquellas heridas en la tierra que guardan cuerpos, íntegros o despedazados, de personas que fueron privadas de su libertad en la vía pública o en la falsa tranquilidad del hogar, la mayoría de las veces, sin una petición monetaria a cambio como rescate. Pero la situación cambió. Poza Rica, Álamo y Pánuco, municipios del norte, acapararon el 75% de las fosas clandestinas de 2010, el último año del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Un documento de 2017 de la Escuela de Leyes de la Universidad de Austin, Texas, expondría por la declaración de José Carlos Hinojosa, un fiscal convertido en contador de Los Zetas y juzgado en Estados Unidos, que el grupo delictivo financió la campaña electoral de Herrera Beltrán para la gubernatura.

La estela de violencia se irradió por el estado hasta alcanzar el sur. Las desapariciones y fosas clandestinas se convirtieron en un fenómeno común y en todas las regiones se formaron colectivos, integrados mayoritariamente por mujeres, para buscar a sus seres queridos ante la falta de actuación de las autoridades y el contubernio de éstas. Las búsquedas hicieron brotar cadáveres enterrados bajo la feroz fertilidad de la tierra tropical, un verdor que les jugaba en contra. Por eso, cuando la Brigada Nacional llegó al norte de Veracruz creyeron que se encontrarían con una escena similar a la de otras partes de ese estado y del país y que las dificultades se centrarían en trabajar en terrenos siempre florecientes, durante un invierno que sólo tiene de invierno el nombre.

La Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas era un símbolo de esperanza para más de 130 familias del colectivo María Herrera que buscan a cerca de 145 personas desaparecidas en la región. Entre el 7 y el 22 de febrero de 2020, el grupo conformado por más de cien voluntarias recorrería la zona como alguna vez la caminó Maricel. Ahora ella estaría acompañada de rastreadoras de otras partes del país, convertidas en expertas forenses a su modo, un campo en el que no habrían imaginado tener que incursionar hasta que se enfrentaron con la necesidad de hallar restos humanos.

Pero las fosas no se abrieron. Y por primera vez escuché a Maricel quebrarse, intentando procesar la idea de que podría no hallar a su hijo debido a la abundancia de cocinas, una forma perfeccionada de la desaparición en Veracruz que significa la reducción al máximo de un cuerpo destrozado, metido en un tambo y disuelto totalmente por ácidos o combustible. Pese a los esfuerzos de localización, las avanzadas, los rastreos o las extenuantes jornadas en campo, la Brigada no desenterró cuerpos, sino un secreto a voces del que el colectivo María Herrera ya sospechaba, pero se negaba a admitir: que el norte de Veracruz estaba lleno de cocinas y que por eso no quedaba mucho por exhumar.

Miguel Ángel Trujillo Herrera cree que a sus hermanos Gustavo y Luis Armando la Policía Intermunicipal del norte de Veracruz los desapareció por el simple y banal hecho de viajar en un auto polarizado con placas de Michoacán, otro de los estados más violentos de México. El Volkswagen Jetta negro acabó en el deshuesadero de Gregorio Gómez Martínez, dueño de Autopartes y Accesorios Gómez y también expresidente municipal de Tihuatlán, mientras que sus teléfonos celulares mostraron como últimas ubicaciones las antenas cercanas a la base en donde operaba la Policía Intermunicipal antes de ser desmantelada. Es por eso que buscar en esta región tiene una profunda importancia para la familia Trujillo Herrera, que con los años se ha transformado en un símbolo nacional del trabajo de localización de personas desaparecidas.

La búsqueda en esta zona de Veracruz se pospuso durante años para dar prioridad a otras: en 2016 la Brigada trabajó en Amatlán de los Reyes y Paso del Macho, cerca del centro de Veracruz; en 2017 buscaron en Sinaloa, y en 2019 fueron a Guerrero. Finalmente, en 2020 entrarían en aquella región que tenía una deuda pendiente con los Trujillo Herrera. El camino al inframundo es uno que se abre a paladas.

La Brigada se aloja en Papantla, en la Casa de la Iglesia, un inmueble de ladrillos rojos y detalles en madera más cercanos a los de un hotel campestre que a instalaciones religiosas. La rutina se instala con celeridad entre las voluntarias de todas partes del país y se reúnen en el amplio comedor cada mañana, desde las siete, para saciar el estómago con café negro, pan dulce, atún, frijoles o algunas verduras cocidas; luego forman listas según su eje de búsqueda: si van a campo, escuelas, cárceles, plazas públicas o a la morgue; entonces cada quien aborda el vehículo que le toca y no retornan hasta la caída de la tarde para una modesta cena, asearse y dormir un poco en una cama o colchoneta, de acuerdo con el orden impuesto en cada cuarto compartido hasta por cuatro.

Luego de dos días de preparación, el primer día de trabajo en campo es el lunes 9 de febrero de 2020, cuando el coronavirus todavía es una noticia ajena al panorama local y más bien se le encuentra en la sección internacional. Guantes y cubrebocas abundan para quienes saldrán a buscar; no se usan como protección contra el virus, sino para no contaminar los restos y filtrar el olor a putrefacción, en caso de dar con un punto positivo. Para algunas buscadoras ésta es la primera vez que participan y consideran la experiencia una escuela: intercambian su tiempo por conocimiento que llevarán a sus propias expediciones.

Custodiadas por patrullas de la Policía Federal y la Guardia Nacional partimos sólo tres camionetas Nissan Urvan y una de batea porque el acceso al terreno es complicado. En la caja de la pick up me agazapo de espaldas al medallón junto a otro reportero y observo a cuatro mujeres más: recargadas en la tapa trasera están Rosalba, de Baja California Sur, y Tranquilina, de Guerrero; frente a ella va Angélica, de Baja California Norte y amiga de Rosalba; y a su lado hay una joven observadora de Derechos Humanos, de la Ciudad de México.

Aún doblada, la altura delata a Rosalba Ibarra Rojas, toda de negro. Lleva su nombre impreso sobre el pecho más el relieve de un pastor alemán al centro y el de un pico y una pala en cruz, en el hombro derecho. Todavía vemos el domo de la Casa de la Iglesia cuando es ella quien habla primero.

La gente ha de estar ‘paniqueada’ con todo esto —dice con melódico acento norteño y compruebo la sorpresa en las caras de las personas que nos miran pasar.

Atravesamos Papantla, una ciudad que desde hace tres siglos ha sido reconocida como “la ciudad que perfuma al mundo” por la producción de vainilla que la hizo famosa. Hace muchos años, me cuenta Edgar, mi colega reportero, el aroma se respiraba en el aire del pueblo porque las vainas de la orquídea se ponían a secar en las banquetas. El recuerdo esplendoroso de la vainilla se añora tanto como el de la paz.

En menos de una hora llegamos a Poza Rica y tomamos la carretera hacia el estado de Puebla, al oeste. A la altura de la villa Lázaro Cárdenas, conocida como La Uno, atravesamos el centro.

«Mira al halcón grabando”, juzga Tranquilina con recelo y observamos a un chico apuntándonos con el móvil.

Para bajar el cerro tomamos una carretera angosta y serpenteada hasta toparnos con un puente de un solo carril a decenas de metros arriba de las aguas cristalinas del río San Marcos, la división natural entre Puebla y Veracruz. Un minuto después llegamos a la comunidad de El Paso, perteneciente al municipio de Coyutla, Veracruz. Sólo algunos perros nos echan una mirada, porque la mayoría de las casas están cerradas y el polvo se acumula sobre las fachadas. Avanzamos sobre la calle incrustada con piedras de río hasta girar hacia la clínica de El Paso y pronto las viviendas quedan atrás. La última exhibe orgullosa en la pared frontal el escudo pintado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Fidel Herrera y de Javier Duarte. No sería la única. Conté al menos otras ocho más.

Las pláticas cesan en la batea y dejamos que nos llene el crujir de las piedras que se rompen bajo la camioneta. La vereda se adelgaza a medida que la maleza devora los bordes. A la altura del tercer portón para ganado y tras cruzar un vado seco desciende el grupo de una de las camionetas tipo van para poder pasar, mientras catorce vacas se acercan a curiosear.

Pues gasolina sí tenían los malandros —Rosalba vuelve a romper el silencio, irónica— y buena camioneta, también”.

Cuando se cumplen tres horas de haber partido de Papan-
tla, aparcamos bajo la sombra que proyecta un cerro retacado de verdor. Ayer la avanzada de la Brigada encontró huesos abandonados en la diligencia de la Fiscalía General del Estado un año atrás cuando hallaron el cuerpo de un muchacho de La Uno que estaba desaparecido. Como consideraron que podría haber restos de más personas, según los relatos de los locales, aquí, en “Las Palmas”, se comenzaría a buscar.

El experimentado rastreador de Guerrero que lidera la búsqueda en campo, Mario Vergara, da instrucciones y las rastreadoras, prestas, toman pico, pala, varilla, barreta o rastrillo y dejan que el túnel de maleza las engulla. Hay una vereda no tan marcada, pero perceptible, un camino invisible que nos lleva de la mano hasta un trozo de cráneo manchado de tierra, vértebras vacías de médula junto a un calcetín, una delicada costilla descarnada, un cúbito y un trozo de mandíbula con algunos dientes; había un casquillo, pero se lo traga la tierra gruesa y húmeda. Ahí se detienen las buscadoras unos segundos, por grupos, para ver cómo lucen los huesos humanos.

La temperatura es muy distinta adentro que afuera. En el interior el cielo es verde, la luz traspasa por bloques que dan aspecto de vitral a la naturaleza que nos rodea y la tierra es negra, fresca y sumamente fértil. Los troncos de árboles que no sé nombrar son muy delgados y desde el techo natural cuelgan lazos con pequeños aguijones traicioneros. Las buscadoras no pierden tiempo e inician el rastrilleo de la hojarasca con herramientas o con las manos enguantadas para detectar algún hueso suelto.

—¿Hacia dónde quiero que busquemos? —grita Mario Vergara y el eco retumba hasta arriba de la colina.

—¡A todos lados!

Después de subir y bajar del monte por más de una hora, encuentro a Reina Barrera García sentada cerca del acordonamiento, expectante de los peritos federales en sus monos blancos que recogen los huesos que otros peritos, estatales, ignoraron un año atrás. El aire a nuestro alrededor apesta como a ajo, culpa de la planta de ajillo, pero eso no parece incomodarle: a sus 71 años desafía al cansancio para buscar al séptimo y más pequeño de sus hijos.

Colgada del cuello, como muchas otras madres, Reinita —como le dicen de cariño en la Brigada— lleva la foto de Luis Javier Hernández Barrera protegida en una mica plástica. Este 20 de noviembre cumplirá nueve años de desaparecido. Vivía en Poza Rica, mientras ella, oriunda de Tebancos, del municipio de Tuxpan, se había ido a vivir a Reynosa con una de sus hijas. Se enteró por una hermana de Luis, cuando por teléfono le dijo que no aparecía y entonces Reina abandonó el tratamiento médico al que necesitaba someterse para regresar a Veracruz a buscarlo.

Mientras cuenta su historia en voz baja, aprieta esporádicamente la mochila negra y agujereada en la que guarda unas medicinas, un par de teléfonos y una joven planta que descubrió hoy y que le gustó mucho por cómo florece.

—La gente así dice, que andaba en cosas malas. —A Reina no le importa lo que ha escuchado sobre su hijo y menciona que Luis era albañil y que vivía con carencias, además de que se cuestiona por qué hay tantos desaparecidos. Tampoco cuenta con apoyo familiar: sus hermanos no la entienden y sus hijas le reclaman.

—Ma, tú te levantas toda brava.

—Ya estoy hasta la madre, ya me quiero largar a la chingada, lejos.

—Tas’ loca.

—Tal vez —le ha dicho a su hija.

Las botas negras de vinipiel de Reina no están hechas para este trabajo. Para pasear, tal vez, pero no para buscar en el campo. Sin embargo, son las que usará durante las siguientes dos semanas, cada día de búsqueda, no importa si le toca un asiento en un camión o un rincón en la batea.

—Yo siempre lo cuento a él —agrega Reina mientras jala hondo y confiesa tener la esperanza de encontrarlo, aun si no está vivo. Como sea, porque para ella, aunque —ya era un señor, aunque sea, para mí es mi bebé.

Las cocinas, descubiertas y confirmadas por la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, arrebatan la idea de una tumba y sumerge a quienes buscan en la propia.

Muerta en vida, así se define María de los Ángeles Ortiz —otra de las activistas que busca a su hijo Ángel Raymundo Castro Ortiz, de entonces 19 años— con los ojos lacrimosos y, finalmente, lo deja fluir. Muerta por un dolor muy grande y ya muerta, sintiendo ahora que muere todavía más.

«Es como si me hubieran echado la última palada de tierra”, concluye.

Artículo publicado por Excélsior https://bit.ly/3fEVTEy

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Prohibida en Oaxaca, venta de alimentos chatarra a menores

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Oaxaca se convirtió en la primera entidad federativa en prohibir la venta, obsequio o donación de productos con altos contenidos calóricos a menores de edad, luego de que el Congreso local aprobó una reforma que adiciona el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

El dictamen, que fue aprobado con 31 votos, incluidos los 26 de Morena, bancada mayoritaria, señala: “La presente iniciativa busca coadyuvar a resolver los graves problemas de salud que implica para la infancia el consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico (…) La presencia de estos elementos en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman considerablemente la calidad de vida de las personas e incluso ocasionan la muerte”.

En el capítulo tercero del artículo 20 bis de la Ley de Derecho a la Alimentación se prohíben las siguientes actividades:

1. La distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, conforme a las normas oficiales que para el efecto establezca la Secretaría de Salud del estado. La medida se aplicará en instituciones públicas y privadas de educación básica y media superior.

2. La venta, distribución y exhibición de cualquiera de sus productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras. Quedan exentas de estas previsiones las personas que realicen lo anterior en calidad de madres, padres o tutores legales hacia sus hijas e hijos o menores de edad bajo su tutela.

La propuesta fue planteada por la diputada Magaly López Domínguez, del partido Morena, el primero de noviembre de 2019; luego fue enviada a comisiones para su análisis; en marzo la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad discutió el tema y finalmente lo presentó al pleno para su aprobación

López Domínguez expuso que la iniciativa tiene como fin velar por la salud de los oaxaqueños, pues de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal 28 de cada 100 menores de entre cinco y 11 años de edad padecen sobrepeso u obesidad.

Señaló que en México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Oaxaca ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad de personas adultas. Esta iniciativa, agregó, es de gran importancia, ya que ambos males son factores de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión y cáncer, entre otros males.

Añadió que con esta reforma se están promoviendo estilos de vida saludables desde la niñez, con lo que se podrán prevenir enfermedades. Aseguró que esto no significa una prohibición del consumo y no afectará a los comerciantes.

Decisión de los padres

Los diputados Hilda Pérez Luis y Othón Cuevas, de Morena; Noé Doroteo Castillejos, del Partido del Trabajo, y Aleida Serrano, de Mujeres Independientes se manifestaron ante el pleno a favor de la reforma, en tanto que Yarith Tannos, del Partido Revolucionario Institucional, rechazó la iniciativa por considerar que lesiona gravemente a los pequeños empresarios.

Asimismo, se especifica que la vigilancia y cumplimiento de esta reforma estará a cargo de la Secretaría de Salud estatal.

Rechazan cambios; señalan unilateralidad

El sector privado del país lamentó que el Congreso de Oaxaca haya modificado la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta de bebidas y comida envasada a menores de edad, pues consideran que impactará toda la cadena de la industria agroalimentaria.

En un comunicado conjunto, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Asociación Nacional de Pequeños Negocios, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, entre otros organismos, advirtieron que la afectación llegará hasta los productores artesanales y pequeños comercios.

«Lamentamos que no hubiera apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición sin tomar en cuenta a las partes afectadas», puntualizaron.

Con información de La Jornada https://bit.ly/3a3EUKB

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