Muere Pedro Pablo Elizondo, obispo marcado por la expansión territorial y la controversia en Quintana Roo
La muerte de Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo emérito de la Diócesis de Cancún-Chetumal, marca el fin de una era que, más allá de la fe, dejó interrogantes sobre la relación entre la Iglesia católica y las autoridades públicas en Quintana Roo. El clérigo, legionario de Cristo, encabezó esta jurisdicción eclesiástica por más de dos décadas, período en el que su papel trascendió el ámbito pastoral para incidir de manera significativa en el uso y destino de bienes públicos.
Nacido en Michoacán en 1949, Elizondo ejerció como obispo desde 2004 hasta su renuncia en diciembre de 2025 por límite de edad, y en ese largo ciclo consolidó una presencia institucional que para muchos críticos fue sinónimo de entrometimiento en decisiones públicas.
Predios públicos, iglesias privadas
La Iglesia católica en Quintana Roo —especialmente bajo la conducción de Elizondo y los Legionarios de Cristo— se vio beneficiada con múltiples donaciones y cesiones de terrenos que originalmente formaban parte del patrimonio municipal y estatal. Reportes periodísticos documentaron cómo predios de alto valor comercial en Playa del Carmen y Puerto Aventuras fueron entregados a la Prelatura Cancún-Chetumal durante distintas administraciones municipales, con el argumento de destinarlos a la construcción de templos o instalaciones religiosas.
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En varios casos, esos bienes públicos habían sido catalogados para equipamiento urbano o espacios comunitarios, como parques, pero terminaron siendo escriturados a favor de la Iglesia bajo la representación legal de la Prelatura, provocando críticas sobre la excesiva permisividad de los gobiernos para desprenderse de bienes colectivos sin mecanismos transparentes ni consulta ciudadana.
Organizaciones sociales y activistas urbanos han señalado que muchas iglesias se asientan sobre terrenos donados o bajo comodatos prolongados que, en la práctica, privatizan espacios que podrían servir a necesidades comunitarias como escuelas, parques o infraestructura pública.
Legionarios de Cristo y poder simbólico
Elizondo, miembro de la controvertida congregación de los Legionarios de Cristo, fundada por Marcial Maciel —figura ligada a uno de los mayores escándalos en la historia reciente de la Iglesia—, proyectó una vertiente de expansión que fusionó la pastoral con la obtención de bienes materiales y espacios urbanos.
Durante su gestión se multiplicaron las parroquias, se consolidaron seminarios y se incrementó la infraestructura religiosa. Sin embargo, esta expansión ocurrió en un contexto de crecimiento urbano acelerado y de presión por el uso de suelo público en zonas altamente valorizadas, lo que para críticos plantea una cuestión de prioridades: servir al bien común o fortalecer la presencia institucional de la Iglesia a costa del patrimonio colectivo.
Laicidad en el debate público
México es un Estado laico por mandato constitucional, donde la provisión o cesión de recursos públicos a instituciones religiosas debe ser vigilada de cerca. A pesar de ello, en Quintana Roo la entrega de terrenos y la cercanía entre autoridades civiles y jerarquía eclesiástica reflejan una convivencia que ha sido objeto de análisis y cuestionamientos por una posible vulneración al principio de separación Iglesia-Estado.
Pedro Pablo Elizondo deja un legado que, para miles de fieles, se traduce en crecimiento espiritual. Pero para otros sectores de la sociedad quintanarroense, su fallecimiento reactiva un debate pendiente: el de la frontera entre la fe, el poder y el uso de bienes que pertenecen a todos.
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