Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) retomaron la noche del miércoles negociaciones para construir un “Plan B” de reforma electoral, luego de que la iniciativa constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados. La propuesta obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Tras la votación, legisladores del bloque oficialista acudieron a Palacio Nacional, donde sostuvieron una reunión que se prolongó desde las 19:00 horas hasta la madrugada de este jueves para analizar alternativas legales y evaluar qué cambios podrían presentarse mediante reformas a leyes secundarias.
El encuentro ocurrió después de que las negociaciones internas entre los aliados se suspendieron diez días atrás por desacuerdos sobre el financiamiento público a los partidos y la fórmula para integrar las 200 diputaciones de representación proporcional. La nueva ronda de diálogo busca evitar los límites constitucionales que impiden volver a discutir, en el mismo periodo legislativo, temas rechazados dentro de una reforma constitucional.
Oficialismo explora cambios legales y ajustes al INE
De acuerdo con legisladores del bloque gobernante, entre las propuestas en análisis figura adelantar la consulta de revocación de mandato para junio de 2027 con el fin de hacerla coincidir con las elecciones federales y estatales. También se plantea modificar el artículo segundo transitorio de la reforma judicial para que la elección de jueces federales, prevista para 2027, se realice en 2028 debido a la complejidad organizativa de ese proceso.
La mesa de negociación también evalúa reformas legales para reducir el número de regidurías en ayuntamientos y modificar el tamaño de los congresos estatales, aunque sin cambiar la fórmula de integración de los legisladores de representación proporcional, un punto que ya fue rechazado en la iniciativa constitucional.
Además, los legisladores discuten posibles cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral, incluido su Servicio Profesional Electoral, así como ajustes a procedimientos administrativos que podrían aplicarse en los comicios del próximo año.
Al salir de la reunión en Palacio Nacional, Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, confirmó que el oficialismo concentrará sus esfuerzos en modificaciones a leyes secundarias. El dirigente señaló que las propuestas aún se encuentran en etapa preliminar y que no existe un documento definitivo.
Oposición frena reforma constitucional
El rechazo en la Cámara de Diputados marcó la tercera ocasión en que una reforma constitucional impulsada desde la Presidencia no logra aprobación en el Congreso en los últimos años. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Legislativo también bloqueó una reforma eléctrica y una reforma electoral.
En la votación más reciente, Morena reunió 246 votos propios, además de 12 del PVEM y uno del PT. En contraste, 234 legisladores votaron en contra, incluidos tres diputados de Morena. El resultado mantuvo sin cambios el marco constitucional en materia electoral.
El debate legislativo escaló cuando el coordinador del Partido Acción Nacional, Elías Lixa, cuestionó en tribuna la ausencia de medidas contra la infiltración del crimen organizado en la política. El legislador afirmó que su partido propuso discutir la nulidad de elecciones cuando existiera participación del crimen organizado y sanciones a partidos que recibieran recursos ilícitos.
La respuesta llegó del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien rechazó las acusaciones y acusó a la oposición de utilizar “narrativas falsas”. El intercambio rompió el acuerdo previo entre coordinadores parlamentarios para evitar confrontaciones personales durante el debate.
Hasta la madrugada del jueves, legisladores del oficialismo continuaban revisando qué modificaciones legales podrían presentarse ante el Senado en los próximos días para reactivar la discusión electoral mediante el llamado Plan B.
Fuente: Excélsior
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