Verónica Rodríguez Hernández, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Senado, enfatizó que para disminuir la informalidad laboral en México es crucial pasar del diagnóstico a la acción. Subrayó la necesidad de implementar inversiones productivas, fomentar un desarrollo regional equilibrado, ofrecer estímulos fiscales y agilizar los trámites burocráticos para eliminar los obstáculos que dificultan la generación de empleos formales.
La Imperiosa Necesidad de Extender la Protección Social
Durante su participación en el foro “La Informalidad Laboral y el Empleo”, la senadora también abogó por ampliar la protección social para garantizar que todos los trabajadores, sin excepción, tengan acceso a servicios de salud, pensiones y seguridad laboral. Asimismo, propuso fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el mercado laboral, con especial atención en jóvenes, mujeres y personas de comunidades vulnerables.
Un Problema Estructural con Consecuencias Graves
Rodríguez Hernández advirtió que la informalidad es un fenómeno “estructural y multifactorial”, vinculado a bajos niveles de educación, una burocracia excesiva y profundas brechas de género, edad y entre regiones. Esta situación ha llevado a que el 54% de la población mexicana en edad de trabajar, lo que equivale a más de 30 millones de personas, se encuentre en situación de precariedad laboral. “Las consecuencias de esta realidad son graves: se reduce la recaudación fiscal, limitando la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación. Se estima que 50 millones de personas en México carecen de cobertura de salud o pensión”, puntualizó.
Falta de Seriedad en el Enfoque Gubernamental
En el mismo evento, Rubén López Malo, presidente del Instituto de Política Laboral, criticó que, si bien todos los gobiernos han reconocido la relevancia del problema, “por desgracia, no le han tomado el empeño, ni lo han tomado con la seriedad que se requiere. Han ido pateando el bote hacia adelante”.
De Combatir a Resolver la Informalidad
Por su parte, Francisco López Díaz, director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana, argumentó que la informalidad “no se combate” sino que se resuelve. Sostuvo que el desarrollo no puede ser verdaderamente inclusivo mientras no se logre integrar a quienes están al margen de los beneficios del crecimiento económico. Entre sus propuestas destacan simplificar los trámites legales para las MiPyMEs, impulsar la inclusión financiera digital, ofrecer incentivos fiscales para la regularización y vincular la educación con el mundo laboral.
La Evasión Patronal y el Motor de la Inversión
Héctor Márquez Pitol, director general de AMITAI, señaló que en numerosas ocasiones son los empleadores quienes evaden sus responsabilidades fiscales y patronales, resultando en que solo uno de cada cuatro trabajadores esté registrado ante el IMSS. Enfatizó que la única forma de generar empleo es a través de la inversión, por lo que propuso crear planes competitivos en materia fiscal y promover regulaciones que permitan contrataciones flexibles, siempre garantizando la seguridad social de los trabajadores.
Avances y Enfoques Locales
Omar Rodrigo Escamilla Haro, representante de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, compartió que la capital ha logrado reducir sus tasas de informalidad desde 2020, identificando y regularizando actividades con potencial, como los servicios de plataformas digitales, lo que ha permitido a muchos trabajadores acceder a la seguridad social.
Finalmente, José Alfredo Botello Montes, coordinador de asesores del Gobierno de Querétaro, defendió la importancia de caracterizar al comercio informal: conocer el número de vendedores, su ubicación, productos y horarios, para determinar si su situación responde a una necesidad económica o si están influenciados por organizaciones delictivas que ocupan el espacio público.
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Con información de Once Noticias Digital https://oncenoticias.digital/nacional/en-que-consiste-la-iniciativa-que-prohibe-el-uso-del-buro-laboral/520993/