Diputados aprueban aumentar sanciones por delitos ambientales y envían la reforma al Senado para su análisis final.
Con 450 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para aumentar las sanciones contra delitos ambientales y conductas relacionadas con la gestión ecológica. La votación se realizó en el pleno legislativo y el dictamen fue turnado nuevamente al Senado para continuar su proceso. La medida busca reforzar el marco legal frente a prácticas que dañan los ecosistemas y los recursos naturales en México.
La reforma contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan delitos como la contaminación de cuerpos de agua, el manejo indebido de residuos peligrosos o el tráfico de especies que representen riesgos sanitarios y ecológicos.
Asimismo, se establecen sanciones más severas contra la tala ilegal, la destrucción de vegetación y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, con castigos que pueden incrementarse si existe violencia o fines económicos.
En casos donde las afectaciones ocurran dentro de Áreas Naturales Protegidas, las penas podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, convirtiéndose en uno de los agravantes más altos contemplados en la reforma.
Nuevas sanciones por obstaculizar la acción de la autoridad
El dictamen también introduce castigos para quienes impidan o dificulten el trabajo de las autoridades. Se prevén penas de hasta tres años de prisión para quienes recurran a amenazas o violencia para evitar el cumplimiento de funciones oficiales.
De igual forma, romper sellos colocados por la autoridad podrá castigarse con hasta siete años de cárcel, especialmente si se continúa con la actividad sancionada.
También se penaliza la negativa injustificada a cumplir con servicios de interés público o desacatar órdenes legales, con sanciones que incluyen prisión y multas económicas.
Penalizan engaños en materia ambiental
Otro de los puntos relevantes es la inclusión de sanciones contra la difusión de información falsa en temas ambientales. Esto abarca datos manipulados sobre cumplimiento de normas, certificaciones o desempeño ecológico.
Las penas por estas conductas van de dos a diez años de prisión, además de multas, particularmente cuando se busque obtener beneficios económicos o inducir al error a consumidores, inversionistas o autoridades.
También se sancionará a quienes simulen el cumplimiento de obligaciones relacionadas con emisiones contaminantes o trámites ambientales.
Diputados mantienen su propuesta original
La Comisión de Justicia rechazó los ajustes planteados previamente por el Senado, como la modificación en el esquema de multas y propuestas relacionadas con comunidades rurales.
El órgano legislativo argumentó que ya existen disposiciones que contemplan excepciones para personas que utilizan recursos naturales con fines de subsistencia, por lo que consideró innecesarios dichos cambios.
Con ello, el dictamen conserva la redacción aprobada desde noviembre de 2025 y continuará su trámite en el Senado conforme al procedimiento legislativo vigente.
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