Juez vincula a proceso y decreta prisión preventiva por extorsión agravada a exempleado de negocio en Tulum

La Fiscalía General del Estado, por medio de la Fiscalía Especializada en el Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión, presentó ante un Juez de Control los elementos probatorios que condujeron a que este último decretara el auto de vinculación a proceso en contra de un hombre, por su presunta participación en un caso de extorsión agravada. Los hechos, que afectaron a una víctima cuya identidad se mantiene bajo reserva, tuvieron lugar en este municipio.

De acuerdo con las investigaciones, los eventos ocurrieron el pasado 25 de junio, cuando Irvin Abisai “N”, junto con otros individuos, se presentó en un establecimiento de comida de la avenida Tulum, entre las calles Centauro y Orión, en la colonia Centro. En ese lugar, exigió el pago de 20 mil pesos mensuales como “derecho de piso”, amenazando con incendiar y balear el local, así como con asesinar a los empleados, clientes y al propietario en caso de negarse.

La Policía de Investigación estableció que el imputado había sido empleado del mismo negocio y que tanto él como sus acompañantes forman parte de una organización delictiva vinculada a actos de violencia.

El 25 de agosto, al persistir la negativa de la víctima a pagar la extorsión, el ahora detenido regresó al lugar para prender fuego al local, provocando daños considerables en el techo de palma y en otras áreas.

Una vez identificado plenamente como el responsable del incendio, la Representación Social obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual se ejecutó cuando el individuo transitaba por la calle Polar Poniente, entre Júpiter y Alfa Norte, en la colonia Centro.

Después de cumplir con las diligencias legales correspondientes, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Tras evaluar los argumentos y las pruebas presentadas, el juez decretó su vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva por un plazo de dos años, o bien, por el tiempo que dure el proceso penal.

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