La empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México (Sitravem), relacionada con la muerte de la niña Aitana en el elevador del Hospital General de Zona número 18 del IMSS en Playa del Carmen, logró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anulara la inhabilitación que le impedía contratar con gobiernos, en una resolución que vuelve a colocar bajo cuestionamiento la respuesta institucional frente a uno de los casos más graves registrados en un hospital público de Quintana Roo.
La sanción administrativa había sido impuesta por la Secretaría de la Función Pública en 2024 y prohibía a la compañía celebrar contratos públicos durante dos años, como consecuencia de las irregularidades detectadas tras el accidente ocurrido en julio de 2023, cuando la menor murió prensada en un elevador del nosocomio mientras era trasladada por personal médico.
Ese castigo, que debía mantenerse vigente hasta julio de este año, fue revertido luego de que la empresa promoviera un juicio de nulidad administrativa argumentando que la autoridad utilizó una Norma Oficial Mexicana ya derogada para fundamentar la sanción.
El expediente 21162/24-17-11-1 fue resuelto en la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde magistrados concluyeron que existió una deficiencia jurídica suficiente para invalidar la resolución de la autoridad federal.
La sentencia sostiene que la sanción fue emitida con base en un supuesto incumplimiento normativo sustentado en una disposición sin vigencia legal, por lo que la inhabilitación quedó anulada desde diciembre pasado.
La decisión no absuelve a la empresa de los señalamientos públicos derivados del caso, pero sí elimina la única sanción administrativa de alto impacto que se había hecho pública tras la muerte de la menor.
El caso Aitana marcó uno de los episodios más delicados para el IMSS en la región. La niña perdió la vida cuando una falla mecánica en el elevador impidió completar su traslado, en medio de una escena que generó indignación nacional y abrió investigaciones sobre el mantenimiento del equipo, la supervisión técnica y la actuación del personal involucrado.
Pese a la gravedad del hecho, a casi tres años no hay personas detenidas ni funcionarios procesados penalmente por la muerte de la menor. Tampoco existe una resolución definitiva contra responsables directos dentro de la empresa encargada del mantenimiento del elevador.
La revocación del castigo administrativo reabre críticas sobre la solidez jurídica con la que se integraron los expedientes sancionadores en un caso que desde el inicio estuvo bajo presión pública y mediática.
Para la familia de Aitana, el proceso ha transitado entre recursos legales, retrasos y resoluciones parciales sin que hasta ahora exista una sentencia penal que establezca responsabilidades claras.
El fallo también evidencia cómo errores de forma en la integración de sanciones administrativas pueden modificar el curso de expedientes vinculados a hechos de alto impacto social, incluso cuando el fondo del caso permanece sin resolverse.
Mientras Sitravem recupera capacidad legal para participar nuevamente en contrataciones públicas, el caso sigue abierto en otros frentes y mantiene vigente una pregunta que persiste desde 2023: por qué, después de una muerte ocurrida en instalaciones federales y frente a evidencia pública de fallas, nadie ha sido llevado ante la justicia.
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