Ismael “El Mayo” Zambada García admitió este lunes su responsabilidad en delitos de narcotráfico como parte de un pacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con lo cual evita ser sometido a un juicio.
El magistrado federal Brian Cogan, del Tribunal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, interrogó a Zambada sobre si comprendía las consecuencias de su declaración, que incluía renunciar a su derecho a un juicio y a apelar su sentencia. El acusado respondió con determinación: “sí, señor”.
Zambada, quien enfrentaba 17 acusaciones en Nueva York y otras en Texas y Florida, se declaró culpable de dos delitos: involucrarse en una empresa criminal y conspiración para distribuir cocaína.
El juez le informó que estos cargos conllevan una pena máxima de prisión perpetua, además de multas cuantiosas y la incautación de bienes por un valor de 15 mil millones de dólares.
Aunque el juez Cogan confirmó la existencia de un convenio entre el gobierno estadounidense y el acusado, los términos detallados no fueron revelados, más allá de su aceptación de declararse culpable y renunciar a un juicio.
Al solicitarle que explicara los motivos de su declaración, Zambada –con barba y cabello cano, vestido con un uniforme de reo en azul marino y naranja, y custodiado por alguaciles federales– leyó un texto en el que reconoció que durante más de cinco décadas dirigió, junto con otros socios, el Cártel de Sinaloa, enfocado especialmente en el tráfico de cocaína entre Colombia, México y Estados Unidos.
Confesó que, como parte de sus operaciones, fomentó “la corrupción en mi país de policías, mandos militares y políticos”, una práctica que “continuó durante todos los años en que estuve al mando”.
Relató que “comencé en 1969, a los 19 años, cultivando mariguana por primera vez”, y que entre 1980 y 2024 trafficó alrededor de millón y medio de kilogramos de cocaína, “la mayor parte con destino a Estados Unidos”, obteniendo ganancias de “cientos de millones de dólares anuales”.
Reconoció tener “un gran número de hombres armados bajo mi control”, y admitió la violencia y “numerosas muertes” resultantes de conflictos con grupos rivales, así como la muerte de civiles.
Finalizó su intervención afirmando: “reconozco el costo y el daño humano” de sus actos y “pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones”.
El juez indagó sobre su estado mental y físico, incluido si había sido adicto a drogas o alcohol, a lo que el acusado respondió: “no, señor”. Zambada indicó tener 75 años y haber cursado hasta el sexto grado de primaria.
A la audiencia –celebrada en el mismo recinto donde se juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y a Genaro García Luna– asistieron alrededor de 40 agentes de la DEA, junto con oficiales del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, además de un numeroso equipo de fiscales.
Al terminar la vista, el juez Cogan fijó para el 13 de enero de 2026 la fecha para la lectura de la sentencia de Zambada García.
Si bien se desconocen los pormenores del acuerdo con las autoridades estadounidenses, es común que en estos casos la declaración de culpabilidad y la promesa de una conmutación de la pena a cambio de cooperación en investigaciones abiertas o futuras queden bajo reserva. Solo con el tiempo se sabrá si el acusado se convertirá en testigo colaborador o protegido.
Las negociaciones para el plea agreement avanzaron a principios de mes cuando el Departamento de Justicia notificó al tribunal y al acusado que no buscaría la pena de muerte.
Zambada compareció por primera vez en Nueva York en septiembre del año pasado, tras ser trasladado desde Texas, donde había arribado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, el 25 de julio de 2024.
Con esta admisión de culpabilidad y su sentencia programada para 2026, culmina el proceso en contra de uno de los máximos dirigentes del Cártel de Sinaloa, pero comienza la especulación acerca de cómo, cuándo y sobre qué casos colaborará con las autoridades estadounidenses.
Por el momento, el misterio sobre su captura permanece. Zambada García fue entregado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 tras ser transportado –en lo que él calificó como “secuestro”– por Joaquín Guzmán López en una avioneta, a cambio de un convenio con el gobierno norteamericano. Hay versiones que sugieren una maniobra más compleja e incluso pactada, teoría que cobra fuerza tras este aparente acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar el juicio.
Con información de La Jornada https://tinyurl.com/yh7ffts7
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