La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la renovación de su parque vehicular con la compra de nueve camionetas Jeep Cherokee para uso de sus ministros, decisión tomada en 2026 en la Ciudad de México, bajo el argumento de seguridad institucional, debido a que las unidades anteriores, modelos 2019 y 2020, ya no cumplían con los estándares necesarios, según dictámenes técnicos de autoridades federales.
Asignación de nuevas unidades a ministros
La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el proceso de renovación de su parque vehicular con la asignación de una camioneta Jeep Cherokee nueva a cada uno de sus ministros. El precio de estos vehículos en el mercado oscila entre un millón 70 mil y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones adicionales, como blindaje.
De acuerdo con la información oficial, los vehículos sustituidos corresponden a modelos 2019 y 2020, los cuales, según la Corte, dejaron de cumplir con los estándares de seguridad requeridos para las funciones de los ministros.
Justificación basada en criterios de seguridad
El alto tribunal explicó que la decisión se tomó con base en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades en uso ya no garantizaban condiciones adecuadas de seguridad, lo que podría comprometer la operación institucional.
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En una tarjeta informativa, la SCJN señaló que la compra de nueve vehículos responde a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a decisiones discrecionales, reiterando que la medida forma parte de un proceso más amplio de renovación de la flotilla, sin precisar el número total de unidades que serán sustituidas.
Marco normativo y control del gasto
La Corte también fundamentó la renovación en el Acuerdo General de Administración 2019, cuyo artículo 32 establece que los vehículos utilizados para apoyo de la Dirección General de Seguridad pueden ser reemplazados después de cuatro años de servicio o antes, si las condiciones del automotor no son seguras, siempre que exista un dictamen técnico que lo respalde.
Asimismo, el máximo tribunal indicó que la adquisición se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de no generar un gasto adicional para la institución y mantener un uso racional de los recursos públicos.
Gestión institucional y seguridad jurisdiccional
En el documento oficial, la SCJN afirmó que esta medida busca equilibrar la responsabilidad en el gasto público con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.
La institución concluyó que la renovación del parque vehicular se inscribe en una política de gestión responsable, sin comprometer la seguridad de los ministros ni la operatividad del máximo tribunal del país.
Fuente: La Jornada
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