Recorte salarial en INE afectaría a 28 funcionarios que superan ingresos de la presidenta Sheinbaum.
Una eventual aprobación de la reforma electoral conocida como “plan B” obligaría a 28 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) a reducir sus salarios por exceder el ingreso neto mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum, fijado en 133 mil 300 pesos. La medida aplicaría si los servidores públicos no promueven amparos, ya que implicaría una reducción retroactiva de percepciones, lo que abre la posibilidad de controversias legales por derechos adquiridos.
Funcionarios por encima del tope salarial
De acuerdo con el directorio del INE, 30 funcionarios perciben ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo federal. De ese total, 28 tendrían que ajustar sus remuneraciones, mientras que la consejera presidenta Guadalupe Taddei y la coordinadora de Asuntos Internacionales, Marisa Arlene Cabral, ya se encuentran por debajo del límite establecido.
Entre los funcionarios que rebasan el tope se encuentran 10 consejerías electorales: Arturo Castillo, Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López Vences, José Martín Faz Mora, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Carla Humphrey, así como Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel, quienes concluyen su encargo el próximo 4 de abril.
También están incluidos cuatro integrantes del Órgano Interno de Control (OIC), encabezados por su titular Víctor Hugo Carventes, además de la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, y directivos de distintas áreas operativas.
Sueldos actuales y posible reducción
Las percepciones actuales dentro del INE superan en promedio el ingreso presidencial. Las consejerías electorales reciben alrededor de 180 mil pesos mensuales netos; la Secretaría Ejecutiva, 170 mil; el titular del OIC, 167 mil; y directores de área, cerca de 165 mil pesos.
Algunas coordinaciones y unidades registran ingresos cercanos a los 136 mil pesos, mientras que funcionarios del OIC perciben aproximadamente 144 mil pesos mensuales.
En caso de aplicarse el recorte, las consejerías podrían ver una disminución cercana a 47 mil pesos mensuales, equivalente a alrededor de 25% de su salario actual. La aplicación dependerá de si los funcionarios recurren a mecanismos legales para evitar la reducción.
Eliminación de prestaciones adicionales
La reforma también plantea restricciones en prestaciones. Actualmente, el INE destina cerca de 29.4 millones de pesos por cuatrimestre al pago de seguros de vida, lo que equivale a aproximadamente 120 millones de pesos anuales.
El proyecto establece que no podrán contratarse con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas ni otros esquemas adicionales que no estén previstos en la normativa vigente o en condiciones laborales establecidas.
Antecedentes y posibles controversias
El ajuste salarial se vincula con el principio constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal. Sin embargo, este criterio ha sido objeto de litigios en años recientes, particularmente por parte de órganos autónomos que han cuestionado su aplicación.
La eventual retroactividad de la medida podría derivar en nuevos recursos legales, especialmente si los funcionarios argumentan afectaciones a derechos adquiridos. El desenlace dependerá tanto del proceso legislativo como de las resoluciones judiciales que puedan generarse tras su implementación.
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