Proponen ley general de feminicidio con penas de hasta 70 años; iniciativa será enviada al Senado esta semana en México
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de reforma constitucional para expedir una Ley General en materia de feminicidio, que contempla penas de 40 a 70 años de prisión y 21 agravantes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta será enviada al Senado entre el 24 y 25 de marzo, con el objetivo de homologar criterios de investigación y sanción en todo el país.
Alcance de la reforma
La iniciativa plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley general que establezca el tipo penal de feminicidio y sus sanciones. El proyecto incluye la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio desde el inicio.
Durante su conferencia, Sheinbaum afirmó: “De inicio, cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio”. La mandataria sostuvo que la propuesta busca establecer protocolos claros para sancionar a los responsables y fortalecer la protección institucional.
Tipificación y sanciones
El proyecto establece una pena de entre 40 y 70 años de prisión, además de sanciones por tentativa equivalentes a la mitad o dos terceras partes de la pena. También incluye multas y un catálogo de 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o que el delito se cometa frente a hijos.
La iniciativa reconoce nueve razones de género para tipificar el delito, entre ellas violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima o exposición del cuerpo.
Investigación y coordinación
Godoy explicó que la propuesta busca homologar protocolos de investigación en todas las fiscalías del país, con énfasis en la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas. El objetivo es garantizar que los casos se investiguen con perspectiva de género y bajo criterios técnicos comunes.
El proyecto establece que el delito de feminicidio será perseguido de oficio y que tanto la sanción como la reparación del daño serán imprescriptibles. Además, contempla la participación continua del Ministerio Público en todas las etapas del proceso penal.
Consecuencias legales adicionales
La iniciativa también prevé la pérdida de derechos sucesorios para los responsables, así como la patria potestad, tutela y custodia de hijas e hijos. Asimismo, plantea la creación obligatoria de fiscalías especializadas con personal certificado y capacitado en investigación de feminicidio y atención a víctimas.
Godoy indicó que estas unidades deberán contar con personal técnico, pericial y ministerial especializado, además de implementar planes de investigación y medidas de protección.
Próximos pasos
Sheinbaum señaló que el modelo propuesto retoma esquemas aplicados previamente en la Ciudad de México y busca extenderlos a nivel nacional para reducir la impunidad. La iniciativa será turnada al Senado para su análisis en los próximos días.
Por su parte, Godoy anunció que el 15 de abril presentará un plan estratégico de procuración de justicia, que también será entregado al Ejecutivo federal y al Congreso.
Fuente: La Jornada
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