El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitó este 2 de abril al secretario general llevar el caso de México a la Asamblea General, tras detectar indicios de posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) pidió formalmente al titular de la ONU remitir con carácter urgente la situación de México a la Asamblea General, con el objetivo de que se evalúen medidas de apoyo internacional en materia de prevención, investigación y sanción de desapariciones forzadas.
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La decisión se adoptó con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y fue difundida este 2 de abril. El organismo indicó que la medida tiene carácter preventivo y no implica la determinación de responsabilidades penales individuales.
Indicios de patrones sistemáticos
El Comité concluyó que la información analizada contiene elementos que apuntan a la posible comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Señaló que existen indicios de ataques generalizados o sistemáticos contra población civil en distintas regiones y periodos.
El procedimiento no requiere una conclusión definitiva sobre los hechos, pero sí una evaluación preliminar basada en información “detallada y precisa” proveniente de fuentes consideradas fiables. En este caso, el análisis se sustentó en reportes de organizaciones civiles, la respuesta del Estado mexicano en septiembre de 2025, revisiones periódicas desde 2012, la visita del Comité a México en 2021 y solicitudes urgentes de víctimas.
El CED también tomó en cuenta información adicional presentada por autoridades y sociedad civil después de adoptar su decisión.
Debate sobre responsabilidad estatal
El organismo reconoció que el contexto de violencia asociado a la estrategia de seguridad en México ha contribuido a las condiciones en que ocurren estos hechos. Sin embargo, señaló que no encontró pruebas de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de forma sistemática.
El Comité precisó que, conforme al derecho internacional, estos delitos pueden configurarse sin necesidad de que exista una política centralizada o que los hechos ocurran en todo el territorio nacional.
Respecto a la postura del Estado mexicano —que atribuye muchas desapariciones a grupos criminales—, el CED señaló que ha recibido información que sugiere, en ciertos casos, la participación directa o indirecta de funcionarios públicos, ya sea por acción, autorización o tolerancia.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan en todo el país ni que se orquesten en los niveles más altos del gobierno”, declaró Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
Magnitud y rezagos institucionales
El Comité advirtió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no distingue con claridad cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas, lo que limita el diagnóstico. No obstante, subrayó la magnitud del problema.
De acuerdo con la información revisada, en México se han localizado más de 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, además de alrededor de 72,000 restos sin identificar.
El organismo señaló que, pese a las medidas implementadas tras su visita en 2021, no hay evidencia de una mejora sustancial en los indicadores públicos disponibles. Indicó que las instituciones encargadas de búsqueda e investigación enfrentan limitaciones operativas frente a la dimensión de la crisis.
Escalamiento a la Asamblea General
Con base en estos elementos, el Comité activó el mecanismo previsto en el artículo 34 y solicitó a la Asamblea General evaluar opciones de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para México.
Entre las medidas planteadas se incluyen el fortalecimiento de operaciones de búsqueda, el desarrollo de capacidades forenses, la investigación de posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado, y la creación de mecanismos para garantizar verdad y protección a víctimas y colectivos.
El procedimiento continuará dentro del sistema de la ONU sin implicar, por ahora, sanciones o resoluciones vinculantes.