En México, casi 93 por ciento de las víctimas de violencia sexual atendidas en hospitales son niñas y adolescentes de entre 1 y 17 años, mientras que 66.6 por ciento de los menores reportados como desaparecidos son mujeres, según un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) difundido con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
El informe expone que las menores de edad concentran los casos más graves de violencia de género en el país. De acuerdo con la organización, 73.4 por ciento de las víctimas de trata identificadas en México son niñas y adolescentes, lo que muestra la vulnerabilidad de este grupo frente a redes de explotación.
Los datos también indican que las adolescentes enfrentan mayor exposición a formas de violencia en espacios escolares y digitales. A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes de 12 a 17 años que reportan acoso escolar y ciberacoso sexual es mayor entre mujeres que entre hombres.
Las cifras se difunden en un contexto de cuestionamientos a los mecanismos institucionales de protección contra la violencia de género. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), instrumento creado para atender contextos de violencia feminicida, presenta problemas de seguimiento y transparencia.
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El observatorio indicó que, a un año de que la Secretaría de las Mujeres asumiera la supervisión del mecanismo, no se han reportado avances sustanciales. Además, señaló que una reforma al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia eliminó la obligación expresa de que los estados con alerta vigente informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
María de la Luz Estrada, directora del OCNF, afirmó que los cambios legislativos y administrativos han reducido los mecanismos de control público. “Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir”, señaló.
A estas problemáticas se suma el impacto del desplazamiento forzado en comunidades indígenas. La organización Voces del Territorio advirtió que las mujeres de pueblos originarios enfrentan condiciones específicas de vulnerabilidad cuando abandonan sus comunidades por violencia o conflictos territoriales.
Según el colectivo, el desplazamiento implica la pérdida de vivienda, redes comunitarias y espacios de participación social, además de aumentar el riesgo de violencia y precariedad económica. En muchos casos, las mujeres quedan fuera de los sistemas formales de atención médica y de protección institucional.
Las organizaciones plantean que las políticas públicas destinadas a atender el desplazamiento interno deben incorporar enfoques de género y pertinencia cultural, con acceso a servicios de salud, atención sicológica y mecanismos de reparación.
En México, la violencia contra niñas y adolescentes se mantiene como uno de los indicadores más críticos en materia de derechos humanos. Informes del sistema de salud, registros de desapariciones y datos de organizaciones civiles coinciden en que la mayoría de las víctimas de delitos sexuales y trata en el país pertenece a este grupo de edad.
Fuente La Jornada
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