México objeta reporte de la ONU por uso de datos de 2009-2016 extrapolados a 2025 sobre desapariciones forzadas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que su gobierno rechazó un informe del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas al considerar que utiliza datos de 2009 a 2016 extrapolados a 2025, lo que, afirmó, distorsiona la situación actual del país en materia de desapariciones.
Cuestionamientos al informe del comité
Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que el documento analiza casos de cuatro entidades federativas en un periodo previo a su administración y que sus conclusiones fueron extendidas a años recientes sin considerar cambios en políticas públicas. Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer una explicación detallada sobre la postura oficial.
Sheinbaum sostuvo que el informe también excede las facultades del comité al interpretar la desaparición forzada fuera de los criterios establecidos por los estatutos internacionales. Según su posicionamiento, la caracterización presentada no corresponde a la definición que implica participación directa del Estado como mecanismo de represión.
Respuesta oficial y postura del gobierno
El rechazo del gobierno federal se suma a la postura expresada previamente por la Secretaría de Gobernación, que calificó el informe como “tendencioso y falto de rigor jurídico”. La dependencia argumentó que el documento omite acciones implementadas desde 2018 para atender la problemática y amplía de forma indebida el concepto de desaparición forzada.
La presidenta afirmó que su administración mantiene coordinación con colectivos de familiares de personas desaparecidas y que continúa con estrategias de búsqueda y combate a delitos vinculados con la delincuencia organizada. Aseguró que estas acciones no fueron consideradas en el análisis del comité.
Petición del comité y contexto internacional
El informe del Comité contra Desapariciones Forzadas incluye una solicitud dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que la situación en México sea remitida a la Asamblea General. El objetivo sería evaluar mecanismos de apoyo internacional para prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos.
De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, el gobierno mexicano buscará establecer comunicación con instancias de la ONU, incluido el alto comisionado, para exponer sus objeciones al documento. Señaló que la problemática de desapariciones en el país está vinculada principalmente a la delincuencia organizada y no a una política de Estado.
La problemática
México enfrenta desde hace años una crisis de personas desaparecidas, documentada por organismos nacionales e internacionales. Registros oficiales reportan decenas de miles de casos acumulados, con incrementos sostenidos desde mediados de la década de 2000. Diversos informes han señalado deficiencias en la investigación, identificación de víctimas y coordinación institucional.
Organismos internacionales han emitido recomendaciones en distintos momentos sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, garantizar la participación de familiares y mejorar los sistemas de registro. Las autoridades mexicanas, por su parte, han defendido avances en legislación, creación de comisiones de búsqueda y bases de datos.
El posicionamiento del gobierno federal frente al informe del comité se da en este contexto de evaluación internacional y debate sobre el alcance de la definición de desaparición forzada y la responsabilidad del Estado en estos casos.
Fuente: La Jornada
Te puede interesar: