El gobierno de México formaliza este lunes 13 de julio denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras el deceso de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, con el objetivo de establecer responsabilidades penales y civiles contra agentes federales y empresas privadas que administran dichas instalaciones fronterizas.
La administración federal judicializa estos casos de forma simultánea ante ministerios públicos estatales y federales en territorio estadounidense. La determinación jurídica responde de manera directa al fallecimiento de Salgado Araujo, quien murió tras recibir un disparo de un agente del ICE en Texas. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta legítima defensa, grabaciones de seguridad obtenidas por la prensa independiente y declaraciones de testigos contradicen la postura oficial norteamericana.
Irregularidades en custodia privada
El litigio internacional expone fallas sistémicas dentro de los centros de detención delegados a corporaciones particulares como GEO Group y CoreCivic. De los 14 decesos ocurridos bajo custodia formal de la autoridad migratoria, nueve sucedieron en prisiones operadas por estas firmas transnacionales. El Consulado General de México en Los Ángeles mantiene especial atención sobre el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, instalación administrada por GEO Group que concentra cuatro fallecimientos.
Los expedientes consulares demuestran negligencia médica recurrente como causa principal de los decesos en confinamiento. El caso de José Guadalupe Ramos Solano, fallecido el 25 de marzo en Adelanto, ejemplifica la falta de asistencia oportuna. Los registros clínicos documentan que el personal interno omitió trasladar al ciudadano a un hospital general, a pesar de reportar niveles de glucosa superiores a los 600 miligramos por decilitro durante casi un mes consecutivo.
Notificaciones de cese y desistimiento
La SRE complementa la estrategia penal mediante el envío formal de cartas de cese y desistimiento dirigidas a las compañías privadas operadoras de los complejos penitenciarios. Este mecanismo legal exige modificaciones obligatorias en los protocolos de internamiento y prefigura demandas civiles subsecuentes por daños y perjuicios. La cancillería mexicana ratificó que la búsqueda de sanciones para los responsables directos no compromete la estabilidad de las relaciones diplomáticas bilaterales.
Las autoridades judiciales estadounidenses recibieron los expedientes técnicos integrados por la red consular de México para iniciar las indagatorias correspondientes. El Estado mexicano requiere peritajes independientes y la entrega inmediata de la totalidad de registros de video en los operativos de campo. El seguimiento del proceso penal recae en la subsecretaría para América del Norte, instancia encargada de vigilar las comparecencias institucionales y el deslinde de responsabilidades logísticas.
Fuente: SPR Informa
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