Ante la escasez de agua que afecta a diversas regiones del país y la sobreexplotación de los acuíferos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició una revisión exhaustiva de los más de 560 mil títulos de concesión de agua que se encuentran actualmente vigentes.
La ciudadanía y diversos sectores han exigido que se examinen las concesiones otorgadas por el Gobierno federal a empresas y particulares para la extracción y consumo de agua, dado el déficit del servicio en múltiples estados de México.
Desde la administración anterior, el gobierno se comprometió a analizar este asunto a fondo, ya que existen numerosas denuncias por sobreexplotación de acuíferos, ríos y otros cuerpos de agua por parte de empresas transnacionales, particulares e incluso autoridades de los tres niveles de gobierno.
Óscar Zavala, subdirector general jurídico de la Conagua, confirmó que se han detectado irregularidades significativas, como el uso de concesiones agrícolas para abastecer desarrollos inmobiliarios, permisos domésticos empleados por industrias y grandes volúmenes de agua industrial ocultos tras concesiones municipales.
“Hemos localizado expedientes incompletos y títulos expedidos sin una solicitud formal. Revisamos cada concesión de manera individual para determinar si existe o no una irregularidad”, explicó el funcionario.
Según datos oficiales, existen más de 163 mil títulos que han perdido su vigencia porque los concesionarios no realizaron la renovación correspondiente a tiempo, lo que ha creado un vacío administrativo.
Organizaciones de la sociedad civil y diversos grupos han advertido que, en el pasado, la Conagua otorgó permisos de explotación de acuíferos y cuerpos de agua con vigencia de hasta 20 años, lo que permitió un consumo excesivo por parte de particulares, empresas e incluso gobiernos locales y estatales.
Zavala señaló que el proceso de revisión se lleva a cabo de forma transparente y conforme a la ley, con el objetivo de resolver los problemas administrativos identificados y sancionar los casos irregulares.
Este proceso, destacó, es fundamental para prevenir el uso indebido del agua y asegurar que el recurso se distribuya de manera equitativa y legal.
“Enfrentamos un laberinto legal. Por eso, todas las propuestas son bienvenidas y se analizan para integrarlas, en la medida de lo posible, en el proceso de mejora regulatoria”, afirmó Zavala.
Asimismo, la Conagua informó que emitirá el cuarto Acuerdo de Facilidades Administrativas, que busca fomentar la regularización voluntaria de los concesionarios. A diferencia del acuerdo anterior —considerado un fracaso por falta de claridad—, el nuevo instrumento será más preciso y ofrecerá beneficios a quienes regularicen sus títulos.
En los últimos 25 años, la Conagua ha otorgado 427 mil 668 títulos de concesión en todo el país, de acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia. Esto representa un incremento de más de 100 mil títulos en comparación con 2010, cuando se registraban 322 mil 430 concesiones, y casi 170 mil más que en el año 2000, cuando el conteo era de poco más de 260 mil 851 registros.
Una concesión es el documento emitido por la Conagua que autoriza a personas físicas o morales a utilizar aguas de ríos, lagos, presas, pozos o norias en todo el territorio nacional.
A pesar de los problemas en la gestión del agua, la Ley General de Aguas lleva 13 años estancada en el Congreso de la Unión. En distintas legislaturas, organizaciones especializadas en derecho al agua han pedido agilizar esta normativa, que permanece paralizada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Funcionarios de la Conagua y expertos en la materia han subrayado la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado que establezca sanciones para delitos hídricos, acaparamiento de agua y que regule claramente el régimen de concesiones y el papel de la iniciativa privada.
Francisco Núñez, titular de la Coordinación Nacional de la Industria del Agua de la Secretaría de Economía, afirmó que México no resolverá su crisis hídrica si continúa administrando el recurso “con creencias y datos de papel”. Insistió en que la industria debe ser vista como parte activa de la solución y no como un adversario, y propuso reordenar la gestión con base en tres pilares: planeación con información confiable, modernización tecnológica y certidumbre jurídica.
Núñez destacó que la gestión del agua no puede limitarse al “cumplimiento formal” de una norma obsoleta, sino que debe adaptarse a las necesidades reales de la industria, los municipios y los estados.
La falta de datos precisos es otro de los grandes obstáculos, ya que no existe un balance claro sobre el consumo de agua en la agricultura o la industria.
“La tecnología existe y está disponible, pero rara vez la aplicamos correctamente en el sector hídrico. Modernizar implica censar, monitorear y controlar flujos en tiempo real, detectar anomalías y pérdidas, y evaluar la efectividad de las acciones con criterios técnico-financieros”, precisó.
Núñez también aclaró que la crisis hídrica es, en gran medida, una crisis de información, contaminación e ineficiencia en la distribución, almacenamiento y extracción.
“La industria debe convertirse en agente de cambio”, resumió, “y el Estado, en un facilitador que quite obstáculos”. Desde la Secretaría de Economía, se promueven acuerdos entre empresas y autoridades para contabilizar y valorizar el agua tratada, así como para impulsar tecnologías de monitoreo que reduzcan pérdidas.
De todas las concesiones de agua en el país, destaca un municipio veracruzano por tener el mayor número de títulos para explotar recursos hídricos: el Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, en Veracruz.
Según la base de datos de la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, este municipio cuenta con 729 títulos de agua, lo que lo convierte en la autoridad con más concesiones a nivel nacional. De acuerdo con Data México, su población en 2020 era de poco más de 81 mil habitantes.
Por otro lado, la dependencia federal con mayor consumo de agua por concesiones es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denominada “Generación 1”.
Además de la escasez, el Gobierno federal enfrenta un aumento en los delitos hídricos, como la perforación de pozos clandestinos, el desvío de caudales y el acaparamiento de agua en varios estados.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha detectado estas prácticas ilícitas. En el Congreso de la Unión se han presentado iniciativas para combatir el “aguachicoleo”, ya que datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua revelaron que entre 2019 y 2022 se descubrieron más de 131 mil 600 tomas clandestinas en 239 municipios de México.
Con información de Reporte índigo https://tinyurl.com/yf5kewnj
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