Autoridades federales y estatales detectaron una red que vende actas de nacimiento y matrimonio a migrantes extranjeros desde 2018; el caso involucra a funcionarios, gestores ilegales y documentos usados para evitar deportaciones o regularizar estatus en México y Estados Unidos.
Alerta nacional por venta ilegal de actas
Desde octubre de 2025, autoridades del Registro Civil en todo el país fueron alertadas sobre la operación de una red dedicada a la venta ilegal de actas de nacimiento y matrimonio a personas extranjeras, principalmente migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o permanecer en México ante el endurecimiento del control fronterizo en el norte.
La denuncia fue expuesta durante la XLV Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec), celebrada en Zacatecas, donde se advirtió que la falsificación y expedición irregular de documentos oficiales se había convertido en un negocio de alcance nacional.
Operativo en Tapachula y gestores prófugos
El 5 de diciembre de 2025, la Policía Municipal de Tapachula y la Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé ubicado junto a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), punto al que acuden diariamente cientos de migrantes de África, Asia, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.
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Durante el operativo se detectó que el establecimiento era operado por dos hombres que se hacían pasar por abogados y ofrecían trámites ante la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM), con cobros de entre 2 mil 500 y 5 mil pesos por gestión. Ambos continúan prófugos.
Antecedentes desde 2013
En la reunión del Conafrec también se recordaron antecedentes de este delito que se remontan a agosto de 2013, cuando en municipios de Durango se catearon 34 establecimientos dedicados a la venta de actas de nacimiento y matrimonio.
En aquel operativo fueron detenidas 15 personas y se aseguraron equipos de cómputo, impresoras, dispositivos móviles, documentos y dinero en efectivo, evidenciando la persistencia del problema.
Mercado negro desde el aumento migratorio
Con el incremento del flujo migratorio a partir de 2018, surgió también un mercado negro de documentos como la Forma Migratoria Múltiple (FMM), que llegó a ofrecerse hasta en 20 mil pesos, pese a ser un trámite gratuito.
Luis Abarca, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, señaló que el fenómeno migratorio se transformó en un negocio en el que participaron gestores, organizaciones y presuntamente funcionarios públicos.
Actas hasta en mil 500 dólares
De acuerdo con Abarca, actualmente un acta de nacimiento puede alcanzar hasta mil 500 dólares en el mercado negro de Chiapas, mientras que el acta de matrimonio, hoy el documento más solicitado, oscila entre mil 500 y 2 mil dólares por facilitar el acceso a la residencia y la naturalización.
El activista afirmó que cubanos y haitianos son quienes más recurren a estos documentos, y que en municipios con presencia indígena la operación es más sencilla debido a la infiltración de grupos criminales.
Funcionarios investigados en Chiapas
El 12 de enero de 2026, la Dirección General del Registro Civil presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades cometidas por tres funcionarios del municipio de Tzimol, tras detectarse el registro fraudulento de un ciudadano iraquí como supuesto originario de la localidad.
El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que una auditoría reveló anomalías en los sistemas de expedición y corrección de actas. Tres trabajadores del área de sistemas fueron señalados por presunta asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas informáticos.
Alertas internacionales y controles
Las irregularidades ya alcanzaron el ámbito internacional. Consulados mexicanos en Houston y Manila detectaron actas mexicanas fraudulentas presentadas por ciudadanos cubanos y chinos, adquiridas en Tapachula y utilizadas para intentar tramitar pasaportes mexicanos.
Ante esta situación, el Registro Civil de Chiapas implementó controles más estrictos y auditorías permanentes. La directora general del organismo, Dolores Estrada Gordillo, aseguró que se activaron protocolos internos para frenar la expedición irregular de documentos y reportar de inmediato cualquier anomalía.
Fuente: Proceso
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