La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe Desaparición de Personas en México, en el que emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, investigación y sanción de las desapariciones en el país. El documento fue difundido este mayo y advierte que, hasta junio de 2025, México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas, además de miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo de instituciones públicas.
Entre las principales observaciones, la CIDH pidió revisar la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno federal y reforzar las investigaciones ministeriales para determinar responsabilidades en los casos de desaparición. El organismo sostuvo que persisten altos niveles de impunidad debido al bajo número de judicializaciones y sentencias frente a la magnitud del fenómeno.
La Comisión también recomendó fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, mejorar la coordinación entre fiscalías y autoridades de distintos niveles de gobierno, así como consolidar la interoperabilidad de registros y bancos de datos relacionados con personas desaparecidas y restos humanos sin identificar.
Rezago forense y atención a familias
El informe señala que México enfrenta un rezago estructural en materia forense, por lo que planteó avanzar hacia un modelo masivo de identificación humana y garantizar la entrega digna de cuerpos a familiares. Asimismo, pidió ampliar los apoyos económicos y la atención integral a colectivos y familias buscadoras.
La CIDH destacó que los familiares de personas desaparecidas han desempeñado un papel central en las labores de búsqueda y documentación de casos, muchas veces en contextos de violencia, amenazas y falta de acompañamiento institucional. El organismo reconoció el trabajo de colectivos en distintas regiones del país y reiteró su disposición para brindar asistencia técnica al Estado mexicano.
De acuerdo con el documento, una parte importante de las desapariciones está vinculada a la operación del crimen organizado; sin embargo, la Comisión advirtió que continúan registrándose casos de desaparición forzada relacionados con participación, tolerancia o colusión de autoridades locales y corporaciones de seguridad.
Sectores vulnerables y contexto nacional
La CIDH expuso que el impacto de las desapariciones afecta de manera diferenciada a distintos grupos sociales. Entre ellos mencionó a niñas, niños y adolescentes reclutados por organizaciones criminales; mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género; periodistas y personas defensoras de derechos humanos; así como personas migrantes en tránsito por territorio mexicano.
En materia de prevención, el organismo valoró algunos componentes de la estrategia de seguridad pública impulsada por el Gobierno de México en 2025, particularmente el enfoque de atención a las causas de la violencia y la reducción de factores de riesgo asociados a la delincuencia.
El informe también reconoce medidas implementadas en los últimos años, entre ellas la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020; la creación de una dirección especializada de atención a familiares y colectivos dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y mecanismos de verdad y memoria relacionados con hechos ocurridos durante la llamada “Guerra Sucia”.
Persisten obstáculos en acceso a la justicia
La Comisión señaló además que el Gobierno federal ha incrementado recursos destinados a labores forenses, actualizado registros nacionales de personas desaparecidas y no identificadas, y realizado operativos coordinados entre fiscalías y autoridades estatales para localización de personas.
Otro de los puntos destacados fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “Guerra Sucia”, incluidas las desapariciones forzadas.
Pese a estos avances, la CIDH concluyó que continúan existiendo fallas en coordinación institucional, investigación criminal y acceso efectivo a la justicia para las víctimas. El organismo insistió en que las políticas públicas deben centrarse en garantizar verdad, identificación y reparación para las familias afectadas.
Fuente: SPR Informa
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