Caso Wallace: la Corte invalidó la “prueba clave”, pero la justicia sigue detenida y sin resolverse para los acusados.
Caso Wallace: la Corte invalidó la “prueba clave”, pero la justicia sigue detenida. Familiares, abogados y periodistas denunciaron que, pese a un fallo de la SCJN que anuló una confesión por tortura, el proceso permanece estancado y sin resolución para el resto de los implicados.
Familiares, defensores legales y periodistas vinculados a las personas acusadas en el llamado “caso Wallace” denunciaron este 23 de abril que, a pesar de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la declaración de Juana Hilda González Lomelí por haber sido obtenida bajo tortura, las autoridades no han logrado destrabar el proceso.
El caso se remonta a 2005, cuando Isabel Miranda de Wallace reportó el presunto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace. A partir de esa denuncia, se señaló a un grupo integrado por Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Albert y Tony Castillo como responsables. Un año después, ya durante el gobierno de Felipe Calderón, autoridades federales construyeron el caso con pruebas cuestionadas y testimonios obtenidos mediante coerción, lo que con el paso del tiempo ha sido señalado como irregular. A más de 19 años, el expediente sigue sin resolverse.
Durante la conferencia, el periodista Ricardo Rafael, autor del libro Fabricación, expuso que tras la liberación de Juana Hilda —ordenada por la SCJN en junio de 2025— persiste un escenario de silencio forzado para los demás implicados. Señaló que Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Castillo no pueden acceder a medios, mientras que Brenda Quevedo, quien cumple prisión domiciliaria, enfrenta restricciones judiciales para declarar públicamente.
Rafael subrayó que la absolución de Juana Hilda se sustentó en la invalidez de su confesión, considerada la pieza central del caso. Según explicó, al caerse esa “prueba madre”, el resto de los elementos debería perder sustento. Sin embargo, los amparos promovidos por los demás acusados permanecen sin resolución en tribunales colegiados.
El periodista también cuestionó que algunos de los implicados han pasado hasta 18 años en prisión sin sentencia, bajo medidas cautelares, una situación que calificó como excepcional a nivel internacional. En ese sentido, consideró que la Fiscalía General de la República debió desistirse de la acción penal tras el fallo de la Corte.
Además, advirtió que el caso podría resolverse más por decisiones políticas que jurídicas, debido a que funcionarios involucrados en su integración podrían enfrentar consecuencias si se reconoce la fabricación de pruebas.
Por su parte, la abogada Ámbar Treviño recordó que la declaración de Juana Hilda nunca fue ratificada ante un juez y que la SCJN confirmó posteriormente que fue obtenida mediante tortura. Señaló que, aunque la sentencia establece que todas las pruebas derivadas de esa confesión quedan invalidadas, en la práctica se ha tratado como un beneficio individual y no colectivo, pese a tratarse de un caso de presunta delincuencia organizada.
En la misma línea, la periodista Annie Vigna explicó que solicitó información a autoridades federales sobre el estado del caso, recibiendo en febrero de 2026 una respuesta que confirma que algunos acusados siguen en etapa de instrucción. También se indicó que existía una investigación por falso testimonio contra Isabel Miranda de Wallace, la cual fue abandonada tras su presunto fallecimiento.
El abogado José Mario de la Garza, defensor de Brenda Quevedo, destacó que organismos internacionales han documentado irregularidades en su detención, incluyendo tortura y violaciones a derechos humanos. Aunque en 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre su caso, señaló que las medidas de reparación han sido insuficientes. Incluso, un amparo ganado recientemente sigue sin quedar firme debido a impugnaciones de la Comisión de Atención a Víctimas.
El origen del caso sigue marcado por inconsistencias. La propia SCJN determinó que no existían pruebas sólidas contra Juana Hilda y documentó violaciones al debido proceso. Su confesión, obtenida bajo amenazas, fue clave para construir una narrativa que incluía secuestro, asesinato y desaparición del cuerpo, pese a la ausencia de evidencia concluyente en cateos previos.
A lo largo de los años, investigaciones periodísticas también han puesto en duda la versión oficial, incluyendo testimonios que sugieren que Hugo Alberto Wallace podría haber estado con vida tiempo después de su supuesta muerte.
Hoy, el “caso Wallace” permanece como uno de los expedientes más controvertidos del sistema judicial mexicano, con acusaciones de tortura, fabricación de pruebas y procesos prolongados sin sentencia.
Fuente: SPR Informa
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