La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó la clausura temporal de un terreno ubicado en Xcalacoco, luego de confirmar irregularidades ante denuncias ciudadanas por la tala de vegetación selvática para destinar el área a un estacionamiento. Según señalan los reportes vecinales, este desarrollo estaría asociado a actividades de la planta embotelladora de Coca-Cola, operada por el grupo FEMSA.
En el lugar se instaló una malla oficial de clausura con el folio PFPA/22.2/35.2/0001-2026/0001, que advierte que violar los sellos constituye un delito federal de acuerdo con el Código Penal Federal.
La intervención de la autoridad se produjo varios meses después de que residentes elevaran sus quejas, lo que ha causado descontento en la comunidad. Al momento de la inspección, el daño ambiental ya estaba consumado: el terreno aparecía completamente desprovisto de su cobertura vegetal original.
La zona afectada es considerada por los habitantes como uno de los últimos fragmentos de selva continua en el norte de Playa del Carmen, cumpliendo funciones ecológicas vitales como corredor de biodiversidad, zona de recarga hídrica y barrera natural ante la expansión urbana.
De acuerdo con la denuncia presentada en noviembre de 2025, en el predio se realizó la remoción total de la vegetación nativa, desmonte de selva baja y aplanamiento del suelo para construir un estacionamiento y obras anexas, sin que –según los denunciantes– se hubiera dado a conocer previamente un estudio de impacto ambiental ni un inventario biológico.
Ante los primeros trabajos, la comunidad realizó manifestaciones públicas, envió solicitudes formales y alertó a autoridades de los tres niveles de gobierno, señalando que este caso sentaba un peligroso precedente en un área ya amenazada por el desarrollo inmobiliario y turístico.
Si bien la clausura confirma la existencia de violaciones a la normativa ambiental, los vecinos lamentan que la medida llegara cuando la selva ya había sido eliminada por completo.
Hasta ahora no se ha hecho público si el procedimiento administrativo concluirá en sanciones económicas, órdenes de restauración ecológica, reforestación o la determinación de responsabilidades para la empresa vinculada al proyecto.
La malla de clausura permanecerá en el sitio mientras la Profepa evalúa la magnitud del daño y define las acciones a seguir conforme a la legislación ambiental federal.
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— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) January 14, 2026