La emisión de una ficha roja de Interpol contra Juan Manuel Reverter, señalado como presunto responsable del feminicidio de Agostina Jalabert, ocurrió solo después de la intervención de la justicia argentina, ante la falta de avances sustantivos en Quintana Roo, donde decisiones iniciales de la Fiscalía permitieron la liberación del sospechoso y la pérdida de pruebas clave, según denuncias de la familia.
La alerta roja de Interpol contra Juan Manuel Reverter, ex pareja de Agostina Jalabert, fue activada a petición de autoridades argentinas, luego de casi tres años sin resultados concluyentes en la investigación del crimen ocurrido en Playa del Carmen el 18 de febrero de 2023. La medida internacional se concretó tras gestiones judiciales fuera de México, ante lo que la familia considera una investigación local marcada por omisiones graves y la presión internacional obligó a México a solicitar esta instancia.
Agostina Jalabert fue hallada sin vida en el baño del departamento que habitaba, con un cinturón atado al cuello y sujeto a un toallero de aproximadamente 1.20 metros de altura, una escena que desde el inicio generó cuestionamientos sobre la hipótesis de suicidio sostenida por la Fiscalía de Quintana Roo en las primeras horas del caso. Reverter fue la única persona presente en el domicilio cuando el cuerpo fue localizado.
Pese a ese contexto, no se ordenó la detención ni la imputación inmediata del sospechoso, lo que le permitió abandonar México sin restricciones. La familia de la víctima ha señalado que estas decisiones ocurrieron durante la gestión del entonces fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, a quien atribuyen una posible responsabilidad por omisión, al no aplicar los protocolos de investigación por feminicidio ni asegurar al principal señalado.
Uno de los hechos más cuestionados fue la cremación casi inmediata del cuerpo, una determinación que, de acuerdo con los representantes legales de la familia Jalabert, eliminó evidencia forense esencial para acreditar violencia previa, lesiones defensivas y otros indicios clave para sostener la acusación de feminicidio. La pérdida de estas pruebas, sostienen, cerró líneas de investigación de manera irreversible.
Amigas de la víctima y mujeres de su entorno denunciaron posteriormente antecedentes de violencia atribuidos a Reverter, información que no fue incorporada oportunamente a la carpeta de investigación. Solo tras la presión de colectivos feministas y la intervención directa de la justicia argentina, el caso fue reclasificado como feminicidio y se reactivaron diligencias que habían sido descartadas.
La emisión de la ficha roja marca el primer avance concreto para localizar y detener al sospechoso, aunque ocurre cuando la investigación ya arrastra años de retraso y con pruebas materiales irrecuperables. Para la familia de Agostina, la causa no se limita al presunto autor material, sino que apunta también a las responsabilidades institucionales que, por acción u omisión, facilitaron su liberación y prolongaron la impunidad.
A casi tres años del crimen, el feminicidio de Agostina Jalabert se ha convertido en un caso emblemático sobre cómo la actuación inicial de las fiscalías puede definir el destino de una investigación. La ficha roja de Interpol, obtenida fuera del país, reabre la posibilidad de justicia, pero no revierte las fallas que marcaron el expediente desde su origen.
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