Una corte de Miami, Florida, impuso a Genaro García Luna una sentencia millonaria que lo obliga a pagar a México casi 750 millones de dólares. Esta cantidad generará un interés anual del 9.15%, lo que significa que, si no se realiza ningún pago, la deuda aumentará significativamente con el tiempo. De hecho, para cuando García Luna —quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón— salga de la prisión USP Lee en Virginia, Estados Unidos, la sanción podría alcanzar los 7,962 millones de dólares.
De acuerdo con documentos de la condena impuesta por la jueza Lisa Walsh la semana pasada, García Luna no sólo deberá liquidar 748 millones 829 mil 676 dólares, el triple del dinero público que el gobierno federal requirió por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino que la sanción tendrá réditos.
Si bien la demanda del gobierno federal reclamaba directamente a García Luna una restitución de 249 millones 609 mil 892 dólares, al no haber asistido a las audiencias, quien fue mano derecha de Felipe Calderón cuando ocupó la Presidencia, perdió por default y deberá pagar el triple.
Con la sentencia, el gobierno mexicano puede cobrarse con bienes localizados que sean propiedad del ex funcionario o de alguno de sus prestanombres, detalló la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En los documentos de la corte aún no se especifica algo similar respecto a la sentencia contra la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, quien también fue acusada por el gobierno federal de ser parte de un esquema de triangulación de recursos que incluía empresas situadas en paraísos fiscales para regresar el dinero a México y Estados Unidos. A ella se le impuso una multa de mil 740 millones 25 mil 540 dólares.
El documento relativo a la sentencia contra García Luna tampoco explica si los intereses se abonarán al gobierno federal, pero sí apunta que el tribunal de la corte del décimo primer circuito judicial para el condado de Miami Dade, Florida, mantiene la autoridad para acciones adicionales u otras medidas vinculadas al caso.
Lo anterior, pese a que actualmente García Luna –preso desde diciembre de 2019– tiene su dirección en la penitenciaría de Estados Unidos en el Parque Industrial del Condado de Lee, Hickory Flats Road, Pennington Gap, Virginia 24277, de donde saldrá hasta el 8 de agosto de 2052, según la Oficina Federal de Prisiones.
En la demanda civil en la que se acusó a García Luna y a Pereyra, también se incluyó a otras seis personas por haber esquilmado al erario entre 2009 y 2018, mediante 30 contratos ilegales de tecnología y seguridad con la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Con información de La Jornada https://acortar.link/CWjK5C
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