El gobierno del presidente Donald Trump planea adaptar almacenes industriales para albergar hasta 80,000 personas detenidas y mantiene activo un programa de recompensas que beneficia a empresas privadas, según reportaron The Washington Post y The Intercept. Esta estrategia, que busca acelerar las deportaciones, se desarrolla mientras se ordena un nuevo despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans, en el marco de una ofensiva antinmigrante federal.
Expansión de la capacidad de detención
Según información publicada por The Washington Post, la administración federal busca contratistas para reformar el sistema de detención migratoria. El plan incluye la renovación de grandes almacenes industriales, que podrían albergar a decenas de miles de detenidos simultáneamente. Estos espacios estarían ubicados cerca de centros logísticos clave en estados como Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri. El objetivo declarado es agilizar los procesos de deportación.
Contratos millonarios y programa de recompensas
De forma paralela, The Intercept reportó, basándose en registros de contratación, que al menos diez empresas han recibido más de un millón de dólares por su participación en un programa de recompensas administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El medio calcula que los contratos podrían superar los mil millones de dólares al finalizar en 2027. El contrato individual más grande de este programa ascendería a 365 millones de dólares. Los documentos revisados detallan que la agencia planea perseguir a aproximadamente 1.5 millones de inmigrantes en el país.
Nuevo despliegue militar y otras medidas
En un movimiento relacionado, The Guardian reportó que la administración ordenó el despliegue de 350 efectivos de la Guardia Nacional en Nueva Orleans, Luisiana, donde permanecerán hasta febrero. Este despliegue coincide con operativos antinmigración liderados por la Patrulla Fronteriza. Además, una jueza federal rechazó una demanda que impugnaba una tarifa de 100,000 dólares impuesta a visas para trabajadores extranjeros altamente calificados, respaldando la autoridad presidencial en la materia. Separadamente, Estados Unidos y Palau anunciaron un acuerdo de 7.5 millones de dólares para que este último reciba a 75 inmigrantes deportados desde Estados Unidos.
Estas medidas representan una expansión significativa y una mayor privatización de las políticas de control migratorio y deportación bajo la actual administración, con importantes implicaciones logísticas, legales y financieras. Los planes continúan avanzando pese a controversias y desafíos legales.
Fuente: La jornada
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— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) December 23, 2025