En una decisión que marca un punto de no retorno en una crisis arrastrada por meses, el Gobierno interino de Perú, liderado por José Jerí, anunció este lunes la ruptura total de las relaciones diplomáticas con México. La medida surge como respuesta inmediata al asilo político concedido por el gobierno mexicano a Betsy Chávez Chino, quien fuera la última presidenta del Consejo de Ministros del destituido presidente Pedro Castillo.
Una figura cercana al centro del poder
Betsy Chávez, una abogada y política de 36 años, se consolidó como una de las piezas clave en la administración de Castillo. Su carrera ministerial incluyó el paso por las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo, y posteriormente por Cultura, antes de asumir la jefatura del Gabinete Ministerial en noviembre de 2022. Su mandato al frente del Consejo de Ministros fue breve y culminó abruptamente en diciembre de ese mismo año, tras el intento de autogolpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Castillo.
Tras la caída del gobierno, Chávez fue detenida en 2023, enfrentando cargos por los delitos de conspiración y rebelión, vinculados a su presunta participación en el quebrantamiento del orden constitucional. Durante su reclusión, la exministra realizó una protesta extrema: una huelga de hambre que se extendió por 12 días. Finalmente, recuperó su libertad en septiembre del mismo año, luego de que el Tribunal Constitucional del Perú ordenara su excarcelación inmediata al determinar que su detención había sido arbitraria.
El asilo mexicano y la defensa soberana
El detonante de la crisis se activó este lunes, cuando el Gobierno de México, a través de un comunicado oficial de su Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó haber otorgado asilo diplomático a Betsy Chávez. La cancillería mexicana fundamentó su decisión “en pleno apego al derecho internacional”, específicamente en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas, de la cual ambos países son signatarios.
El documento oficial mexicano añade que “la señora Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”. Además, la SRE subrayó un principio clave de la Convención: “el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante”, defendiendo así la potestad soberana de México para tomar esta decisión.
El episodio final de una tensión prolongada
Este incidente no hace más que llevar al límite las ya deterioradas relaciones entre Lima y Ciudad de México. La grieta diplomática se abrió tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y el ascenso de Dina Boluarte a la presidencia. Desde entonces, el gobierno peruano inició una serie de acciones unilaterales que incluyeron la expulsión del embajador mexicano Pablo Monroy Conesa y la declaración de persona non grata del presidente Andrés Manuel López Obrador, sentando las bases para el drástico desenlace de hoy.
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