Redacción
Washington, 31 de agosto de 2026.- Estados Unidos y Venezuela avanzaron hacia un nuevo acuerdo energético que daría a empresas estadounidenses el control mayoritario sobre operaciones vinculadas con más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas, en un pacto anunciado el 28 de agosto por el presidente Donald Trump. El acuerdo contempla una inversión cercana a 100 mil millones de dólares y busca reactivar la industria petrolera venezolana.
El anuncio ocurre casi ocho meses después de la operación militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. El Departamento de Justicia confirmó posteriormente la operación, denominada “Operation Absolute Resolve”.
Desde entonces, Washington modificó progresivamente su política petrolera hacia Caracas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro autorizó desde enero operaciones con petróleo venezolano y, posteriormente, amplió los permisos para actividades relacionadas con producción, inversión y comercialización.
El petróleo venezolano vuelve a Estados Unidos
Los registros de la Administración de Información Energética muestran un aumento considerable de las importaciones estadounidenses de crudo venezolano durante 2026. El promedio de cuatro semanas llegó a 637 mil barriles diarios en la semana terminada el 21 de agosto, mientras que los datos semanales alcanzaron 743 mil barriles diarios el 7 de agosto.
El cambio también se refleja en las autorizaciones de Washington. La licencia general 50A permitió operaciones relacionadas con extracción, exportación, comercialización, transporte, refinación e incluso nuevas inversiones en proyectos petroleros venezolanos para determinadas empresas.
El acuerdo anunciado por Trump contempla una asociación privada para operar 17 campos petroleros y establece una participación efectiva estadounidense de 55 por ciento en la producción de la nueva estructura empresarial, de acuerdo con información difundida por Reuters y Associated Press.
Un acuerdo bajo cuestionamientos
La dimensión del pacto ha generado cuestionamientos sobre su transparencia y legalidad. Reuters reportó el 31 de agosto que especialistas y abogados pidieron conocer los contratos y advirtieron dudas sobre la forma en que se estructuró el acuerdo, entre ellas la ausencia de un proceso competitivo y posibles conflictos con el marco jurídico venezolano.
El gobierno de Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela conservará la propiedad de sus recursos y que la inversión extranjera permitirá recuperar producción, infraestructura e ingresos fiscales. Las autoridades estadounidenses, en tanto, presentan el acuerdo como una vía para garantizar suministro de crudo y fortalecer las reservas energéticas de Estados Unidos.
Por ahora, los términos completos del contrato y la identidad definitiva de todas las empresas participantes no han sido divulgados públicamente. El alcance real del acuerdo dependerá de su ejecución, de las condiciones financieras y de los mecanismos legales que regulen las operaciones en Venezuela.
