El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país no volverán a celebrarse elecciones que permitan la alternancia en el poder. La declaración fue realizada el domingo 19 de julio de 2026 durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, en Managua. En su discurso sostuvo: “Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, en referencia a la oposición. El anuncio confirma el endurecimiento del sistema político nicaragüense y anticipa nuevas reformas para impedir el acceso de grupos opositores al gobierno.
Ortega informó que impulsará cambios legales con la Asamblea Nacional para impedir que quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias” puedan competir por el poder. El mandatario justificó la medida al asegurar que sectores opositores exiliados mantienen vínculos con gobiernos extranjeros para desestabilizar al país.
Reformas consolidan el control del Ejecutivo
El presidente, de 80 años, gobierna junto con Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de copresidenta tras la reforma constitucional aprobada en 2025. Esa modificación eliminó la independencia entre poderes del Estado, fortaleció el control del Ejecutivo y amplió el mandato presidencial de cinco a seis años. Como consecuencia, las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 fueron reprogramadas para 2027.
Analistas y organizaciones internacionales consideran que las declaraciones de Ortega oficializan la desaparición de cualquier mecanismo de competencia política en Nicaragua y consolidan un sistema sin alternancia electoral.
Reacciones de oposición y organismos internacionales
El opositor exiliado Félix Maradiaga declaró a Reuters que el anuncio refleja el temor del gobierno a enfrentar una elección libre. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido en informes recientes que el espacio cívico en Nicaragua permanece prácticamente cerrado. Estados Unidos también sostiene que el gobierno encabezado por Ortega y Murillo carece de legitimidad democrática y mantiene el control mediante restricciones a la oposición y las instituciones.
Agencias
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