El gobierno federal prepara un paquete de reformas legales para fortalecer la denuncia ciudadana y otorgar respaldo jurídico a las figuras de contribuyente encubierto, trabajador encubierto y empresario encubierto, informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina del 17 de febrero en la Ciudad de México. La iniciativa busca garantizar la confidencialidad de las denuncias y evitar que los casos se desechen en tribunales.
Reformas anticorrupción
Buenrostro explicó que uno de los principales obstáculos para combatir la corrupción es la reticencia de la ciudadanía a presentar denuncias. “Nos falta fortalecer la cultura de la denuncia”, dijo, subrayando que las nuevas disposiciones buscarán proteger la identidad de quienes informen irregularidades.
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La funcionaria detalló que las reformas contemplan medidas de confidencialidad y discrecionalidad en el manejo de las denuncias, con el objetivo de que los ciudadanos se sientan seguros al participar en investigaciones. Añadió que las figuras de contribuyente, trabajador y empresario encubierto han existido históricamente, pero carecían de un respaldo legal sólido, lo que ha provocado la caída de casos en juzgados.
Impacto en tribunales y seguimiento
El paquete legislativo busca evitar la impunidad derivada de la falta de protección legal para estas figuras encubiertas. Con estas medidas, se espera que los casos de corrupción sean más difíciles de invalidar por fallas procesales y que los funcionarios responsables enfrenten un seguimiento más riguroso.
La propuesta se enmarca en un contexto de aumento en la recaudación fiscal: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que en 2025 los ingresos del gobierno federal alcanzaron seis billones de pesos. Según la mandataria, el combate a la corrupción es constante, aunque la relación entre recaudación y eficiencia de los mecanismos anticorrupción no se detalló.
Antecedentes
Las figuras de encubierto ya se han utilizado en programas de investigación en distintas dependencias federales, pero sin un marco legal específico, los casos frecuentemente enfrentan nulidades procesales. Expertos en derecho penal señalan que dar fuerza jurídica a estas herramientas puede acelerar procesos judiciales, pero también requiere protocolos claros para evitar violaciones a derechos laborales o fiscales.
La propuesta del gobierno federal surge en un momento en que organizaciones civiles y legisladores han señalado la necesidad de ampliar la protección a denunciantes y reforzar la transparencia en el manejo de recursos públicos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prevé que las reformas sean discutidas en los próximos meses en el Congreso, aunque aún no hay un calendario definido.
Hasta ahora, no se han publicado los textos exactos de los artículos propuestos ni el mecanismo de implementación de las figuras encubiertas. Las autoridades sostienen que el paquete pretende fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la administración pública y garantizar la continuidad de los casos en tribunales.
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