La Suprema Corte de Justicia de la Nación gastó casi 300 mil pesos en la compra de 12 togas para ministros en octubre de 2025, en medio del debate nacional sobre austeridad, transparencia y el uso de recursos públicos, revelan documentos oficiales.
Compras bajo la lupa pública
Documentos oficiales revelan que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirieron 12 togas por un monto total de 294 mil 547 pesos a finales de 2025, en un contexto marcado por cuestionamientos al gasto del Poder Judicial y su congruencia con los principios de austeridad republicana.
La adquisición se realizó en octubre de 2025 mediante dos adjudicaciones directas, por 134 mil 467 pesos y 160 mil 80 pesos, ambas a favor del proveedor Édgar Juan Hernández García, según los contratos públicos disponibles.
Togas ordinarias y extraordinarias
El gasto corresponde a seis togas para sesiones ordinarias y seis para sesiones extraordinarias, con un costo unitario que oscila entre 22 mil y 24 mil pesos por prenda, de acuerdo con la información oficial.
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Las vestiduras fueron destinadas a los ministros Hugo Aguilar, Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías. En contraste, las ministras Jasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf no participaron en esta compra, ya que contaban con togas previas desde la conformación de la antigua Corte.
Austeridad en entredicho
La revelación del gasto en togas se suma a una serie de erogaciones que han colocado a la SCJN en el centro del escrutinio ciudadano, particularmente en lo relativo a la congruencia entre el discurso de austeridad y las decisiones presupuestales del máximo tribunal.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido una postura oficial específica sobre la compra de las togas, aunque el tema ha reavivado el debate público sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
Camionetas de lujo, otro foco de controversia
La polémica por las togas coincide con otro caso reciente: la compra de nueve camionetas blindadas, cada una valuada en aproximadamente 1.7 millones de pesos, confirmada por la SCJN el 22 de enero, a menos de cinco meses de la entrada en funciones de la nueva Corte.
Según el tribunal, la adquisición estuvo relacionada con motivos de seguridad, aunque tras la reacción negativa de la opinión pública, los ministros acordaron no utilizar las unidades y buscar su devolución. En caso de no lograrlo, las camionetas serían reasignadas a personas juzgadoras con necesidades de seguridad.
Discurso de rectificación
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, afirmó que “la austeridad no es un acto simbólico” y aseguró que se busca un equilibrio entre seguridad y uso responsable de recursos. Indicó que se inició un proceso para desincorporar las camionetas blindadas y que los ministros reconocen que la seguridad no debe implicar lujos.
Aguilar explicó que desde 2010 los ministros cuentan con medidas de protección, lo que ha derivado en la adquisición de 43 vehículos blindados hasta 2025. De estos, cuatro fueron heredados de administraciones anteriores como parte de los acuerdos de retiro de exministros.
Presión ciudadana persistente
Aunque el presidente de la Corte aseguró que los principios de austeridad no afectarán el funcionamiento del tribunal, los recientes gastos en togas y vehículos mantienen a la SCJN bajo presión pública, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor coherencia entre el discurso institucional y las decisiones administrativas del máximo órgano de justicia del país.
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