Acusan a la CNDH de presionar a víctimas de secuestro de la Guardia Nacional para cerrar su queja
Una conciliación impuesta y sin voluntad de las víctimas
Familiares víctimas de un secuestro cometido por elementos de la Guardia Nacional (GN) acusan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de presionarlos para aceptar una conciliación y dar por resuelta la queja interpuesta, aun cuando ellos se opusieron reiteradamente. Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2023 en San Martín Texmelucan, Puebla, cuando una célula delictiva integrada por un elemento de la GN y un exmilitar, con apoyo logístico de una patrulla oficial, secuestró a dos personas pretendiendo un rescate de 50 mil dólares. Miguel Ángel Barrueta Enciso, integrante de una de las familias afectadas, denuncia que el organismo notificó la conclusión del expediente con base en una negociación que califica como “impuesta” y de la cual desconocen los términos.
El secuestro, reducido a “responsabilidad administrativa”
En su resolutivo del expediente CNDH/2/2024/5305/Q, fechado el 16 de octubre de 2025, la Segunda Visitaduría General de la CNDH determinó que los elementos de la GN incurrieron en una “mera responsabilidad administrativa” por no observar principios del servicio público, y que el secuestro no constituye una violación grave a los derechos humanos según su guía interna, por lo que no procedía una recomendación. Barrueta sostiene que la ley y tratados internacionales prohíben la mediación en casos graves y que lo ocurrido fue un secuestro agravado, no una “retención ilegal” como argumentó el visitador adjunto Carlos Alberto Méndez Orta. El acta conciliatoria fue aceptada únicamente por un representante de la GN el 2 de septiembre de 2025.
Un caso con amplia evidencia y procesos pendientes
La investigación de la Fiscalía General de Puebla reveló que los implicados usaron armas oficiales y fueron escoltados por una patrulla de la 238 Compañía de la GN con sede en Texcoco. Su comandante, Obed N. (detenido en febrero de 2024), coordinaba con delincuentes locales. Cinco elementos que tripulaban la patrulla fueron exonerados tras argumentar que seguían órdenes. A pesar de la evidencia, que incluye videos, mensajes de celular y detenciones en flagrancia, los procesos penales en los ámbitos federal y estatal no han concluido. Las víctimas han enfrentado amenazas, intimidaciones y severas afectaciones en su vida familiar, laboral y económica.
Revictimización y falta de garantías
Barrueta denuncia que la CNDH, al cerrar el caso con una conciliación no consentida, está “revictimizando” a las familias y afectando nuevamente sus derechos. Un recurso de inconformidad presentado fue rechazado por la Segunda Visitaduría, argumentando que no procede ningún recurso contra sus resoluciones definitivas. La CNDH pidió, con dos años de retraso, la inscripción de las víctimas en registros oficiales, pese a que ellas han cubierto por sí mismas la atención psicológica y médica. La desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia es ahora una secuela permanente para los afectados.
Un precedente sobre la protección de víctimas y la actuación de instituciones
El caso pone en evidencia las tensiones entre la búsqueda de justicia por parte de víctimas de delitos cometidos por autoridades y los mecanismos administrativos de organismos defensores. La acusación de que la CNDH priorizó una salida rápida y favorable a la Guardia Nacional sobre la reparación integral y las garantías de no repetición demanda cuestiona los procedimientos internos del organismo y su apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente cuando están involucradas violaciones graves perpetradas por el Estado.
Fuente: Proceso
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— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) December 26, 2025