Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo y removido del cargo tras la represión armada contra manifestantes y periodistas la noche del 9 de noviembre de 2020 en Cancún, reapareció públicamente en la Ciudad de México para participar en la marcha denominada de la Generación Z. Según él, asistió como “representante de Tijuana” para protestar contra el gobierno federal, en un intento por posicionarse nuevamente en la discusión pública, pese a su historial inconcluso de responsabilidades y señalamientos aún vigentes.
Capella fue el principal operador del mando único policial durante la administración del exgobernador Carlos Joaquín. Aquella noche del 9N, cuando colectivos feministas y ciudadanos se manifestaban para exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina (“Alexis”), elementos policiales abrieron fuego real contra la multitud frente al Palacio Municipal de Benito Juárez. Varias mujeres resultaron heridas, entre ellas Wendy Galarza, además de periodistas agredidos, perseguidos y sometidos a golpes y amenazas. Las imágenes dieron la vuelta al país y se convirtieron en un referente del mayor episodio de represión policial documentado en Quintana Roo durante el periodo democrático.
Tras el hecho, Capella reconoció públicamente que existió una respuesta policial “incorrecta”, pero su discurso nunca aclaró con precisión quién dio la orden de disparar, por qué los mandos permitieron la agresión armada contra población desarmada, ni por qué no se activaron protocolos de contención no letal. Tampoco explicó por qué la policía avanzó directamente hacia reporteros que grababan en vivo, pese a estar identificados como prensa. A la fecha, no existe una sola sentencia firme contra mandos operativos ni responsables logísticos, lo que mantiene la impunidad como saldo real del operativo.
La aparición de Capella en la marcha en Ciudad de México genera cuestionamientos de fondo: intenta capitalizar el sentimiento de agravio social mientras arrastra un episodio sin esclarecer y con víctimas aún en espera de justicia y reparación. Su presencia en un espacio de protesta pacífica contrasta con el recuerdo del gas lacrimógeno, los golpes, las balas, el pánico colectivo y los testimonios de agresiones sexuales contra manifestantes en Cancún. El exmando policial intenta reconfigurarse como activista ciudadano, pese a que su propio historial es hoy materia pendiente para la memoria pública, las familias afectadas y los expedientes institucionales.
La reapropiación del discurso de “libertad y derechos” por parte de quien estuvo al frente del mayor operativo represivo del sexenio en Quintana Roo resulta paradójica y ofensiva para quienes sobrevivieron al 9N. Mientras Capella critica la supuesta deriva autoritaria del gobierno actual, sigue sin dar una explicación convincente, verificable y documentada sobre la operación policial bajo su responsabilidad. Su retorno al espacio público no borra los disparos, no absuelve la orden y no sutura la herida colectiva.
Lo ocurrido en Cancún no puede transformarse en anécdota ni en olvido selectivo, menos aún desde la voz de quien no ha rendido cuentas completas. El 9N seguirá siendo un marcador de memoria hasta que la ley y la verdad coincidan.
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