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Política

Napoleón Gómez Urrutia crea su propia central obrera

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El senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) anuncia el nacimiento de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), que ocupará el vacío, dice, abierto en el sindicalismo mexicano “y ayudará en la transformación de México hacia la democracia, libertad y la defensa de los derechos de los trabajadores”.

La CSID aglutina federaciones estatales que se desprendieron de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicatos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como organizaciones independientes. Esta formación la encabeza el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), del que Gómez Urrutia es presidente.

Hay lista de espera de agrupaciones para integrarse a esta central, una vez que este miércoles 13 de febrero se lleve a cabo su reunión constitutiva. Entrevistado en su oficina, el senador Gómez Urrutia prevé un “crecimiento natural” y la formación de “un organismo cúpula equivalente al Congreso del Trabajo”.

La rueda de la fortuna dio una vuelta en la vida de Gómez Urrutia en 12 años, pues del exilio con acusaciones en tribunales, hoy ocupa un escaño en el Senado del partido en el poder, preside la Comisión de Trabajo y tiene alianzas con las poderosas Confederación Sindical Internacional (CSI) e IndustriALL Global Union.

¿Habrá violencia por el cambio?

—Puede suceder, hay riesgos, porque hay intereses creados de muchos años. Yo creo, como ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vamos a cambiar este mundo del trabajo con base en el convencimiento, la democracia, la libertad y tratando de evitar choques.

¿Qué lo impulsó a dar este paso?

—El sector obrero está totalmente dividido, polarizado y confrontado.

¿Qué propone?

—Defender los derechos fundamentales de los trabajadores: el voto libre, secreto y directo, elegir a las organizaciones a las que quieran pertenecer, a sus líderes. Libertad sin represiones, sin amenazas, sin chantajes.

¿Qué hay con los sindicatos?

—Se quedaron en el antepasado, no en el pasado, y tienen líderes que en los estados son caciques y pillos. Se ha creado un vacío de liderazgos.

¿A qué se debe que haya alianzas internacionales?

—A la CTM y CROC las expulsaron, en diciembre, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la agrupación sindical más importante del mundo, que aglutina 176 millones de trabajadores, por actuar contra los derechos de los trabajadores y por fomentar los sindicatos blancos. No hay representación de México ahí, y es estratégica.

¿Este proyecto cómo lo puede describir usted?

—Esta es una organización que nace con una visión más moderna, libre, democrática, abierta, con consultas y elecciones directas, es esa la idea, y con una visión de restituir este mundo del trabajo y cambiar la política laboral equivocada en los últimos años, en la que los salarios de los trabajadores han sido totalmente contenidos, reprimidos.

¿La meta es establecer una transformación sindical?

—Este es un cambio importante que se va a generar con una visión moderna de largo plazo, comprometida con los derechos de los trabajadores, con México y con toda aquella política gubernamental que vaya en el mismo sentido y la misma dirección.

Con esto, ¿cómo va a ser la relación con Morena?

—La CSID no va a ser una agencia del gobierno ni de Morena, ni de nadie.

¿Qué organizaciones se suman?

—Hay varias federaciones de los estados, son como 10, algunas que se han salido de la Confederación de Trabajadores de México, hay sindicatos independientes. Muchas esperan la constitución formal de la CSID para adherirse y crear un organismo cúpula de todo el sector obrero, seguramente equivalente al Congreso del Trabajo (CT).

¿Es momento para esta meta?

—Esto nace en una coyuntura de cambio que era urgente y necesaria. Si Morena no hubiera ganado, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera abierto esta puerta y hubieran seguido el PRI o el PAN, hubiera seguido la explotación de la mano de obra en este país.

¿Cuál es su expectativa?

—En el momento que el gobierno federal pueda sentir que hay un cambio hacia la dirección que ellos también buscan, va a contribuir a que el crecimiento natural de la organización vaya adelante y abra un nuevo futuro para el bienestar y la dignidad de los trabajadores de México.

Con información de El Universal.

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Política

Inai ordena hacer públicos viajes presidenciales de últimos dos sexenios

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República informar de manera detallada los viajes efectuados por los expresidentes de la República de los dos últimos sexenios, entre los años 2006 y 2018.

Un particular requirió a dicha oficina el desglose por fecha de salida y regreso a México del número de viajes que realizó el exmandatario Enrique Peña Nieto desde el 1 de diciembre de 2012 al 4 de septiembre de 2018; el país que visita, estado o ciudad de partida, medio de transporte con número de matrícula del vehículo o aeronave en la que se trasladó, motivo de reunión o de viaje.

Además del número de personas a bordo del avión presidencial, separando a la tripulación del resto de los pasajeros, nombre con apellido de todos los pasajeros en los viajes, monto económico autorizado solo para el expresidente por viaje en caso de no recibir viáticos y requirió el fundamento en que se gastaba y por qué.

De ese periodo, la Oficina de la Presidencia puso a disposición del solicitante las listas de pasajeros del avión presidencial en versión publica, previo pago de los derechos correspondientes, un listado con la fecha de visita, tipo, descripción del evento y el estado o país en que se concretó.

Informó asimismo que las salidas a las giras de trabajo internacionales se llevaron a cabo desde la Ciudad de México y la Coordinación de Crónica Presidencial entregó lo correspondiente al motivo de la reunión del viaje.

Sin embargo, clasificó como información reservada los nombres del personal que se encuentra adscrito al Estado Mayor Presidencial, pues, argumentó el sujeto obligado, identificarían a los elementos de ese órgano técnico militar y su estado de fuerza, lo que ocasionaría un perjuicio en su capacidad de respuesta.

Además, señaló que carecía del motivo de los viajes, el nombre de la reunión ni los montos por concepto de viáticos para el expresidente de la República.

La persona solicitante también requirió que el desglose de la información se realizara por el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012, que corresponde la período del expresidente Felipe Calderón, lo que no fue atendido por la oficina de la presidencia.

Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra señaló que transparentar toda la información relacionada al caso es de relevancia social en materia de acceso y rendición de cuentas.

Señaló que además del permiso que otorga el Congreso de la Unión para ausentarse al presidente de la República en el territorio nacional, de conformidad al Artículo 88 de la Constitución federal, es importante mencionar que esta información puede permitir que se analice desde distintos enfoques los datos que se proporcionen.

“Es conveniente precisar que la presente administración del gobierno federal ha realizado distintas acciones para enajenar la flota aérea a efecto de que los recursos recabados por ese concepto se destinen al financiamiento de la Guardia Nacional, programas sociales y sobre todo, han advertido, para generar confianza en el tejido social”, enfatizó la comisionada.

Por todo ello, estimó que la ciudadanía tiene el legítimo derecho en conocer cómo se administran y ejercen los recursos del erario, reconociendo así el valor social que tiene la información pública para la conformación desde luego de una sociedad mejor informada.

Con informción de 24 horas.

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Política

Reyes Heroles amenaza con demandar por difamación al gobierno de AMLO

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Jesús Reyes Heroles González Garza amenazó este martes con presentar una demanda civil por difamación contra los señalamientos hechos un día antes por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En la conferencia matutina del lunes pasado, Bartlett señaló a Reyes Heroles como exfuncionario del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo cual es falso. Reyes Heroles fue durante tres años secretario de Energía del gobierno de Ernesto Zedillo y otros tres años fue director de Pemex durante la administración de Felipe Calderón.

“Es grave que un funcionario de alta responsabilidad incurra en falsedad, causando daño moral al difamado, lo que está penado por la ley. Me reservo el derecho a presentar la demanda civil correspondiente”, dijo Reyes Heroles en una carta difundida a medios de comunicación.

Bartlett afirmó que Reyes Heroles había sido secretario de Energía y director general de Pemex durante el sexenio salinista. Reyes Heroles formó parte del gabinete de Zedillo entre enero de 1995 a octubre de 1997, y fue director de la paraestatal Petróleos Mexicanos entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Dejé el servicio público el 7 de septiembre de 2009, esto es, hace casi una década. Durante más de un año no realicé actividad profesional alguna relacionada con el sector energético, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, vigente entonces. Por tanto no existe conflicto de interés entre mis actividades profesionales desde entonces, y siempre me he desempeñado bajo los principios éticos más rigurosos”, agregó en su carta Reyes Heroles.

Bartlett mencionó a nueve exfuncionarios de los gobiernos anteriores del PAN y el PRI que trabajaron en el sector energético y los responsabilizó del precario estado de las empresas productivas propiedad del Estado mexicano. López Obrador, por su parte, consideró que es inmoral que un funcionario salte a trabajar al sector privado una vez que termina su encargo público, y adelantó su intención de reformar la ley para que exista un periodo de 10 años antes de que un exservidor público pueda trabajar en la iniciativa privada.

Reyes Heroles dijo en su misiva que las falsedades pronunciadas por Bartlett causan un agravio a su vida privada e imagen “por esto, haré válido mi derecho constitucional de réplica consagrado en el artículo 6 de la Constitución”.

El exdirector de Pemex consideró que las imprecisiones y falsedades pueden tener efectos más graves que únicamente aquellos contra su persona. “Prueba que todos los mexicanos estamos expuestos al riesgo de difamación y juicio mediático, que podría quedar impune en caso de no señalarse. No debe aceptarse eso como la nueva realidad para México”.

Reyes Heroles dijo que las “afirmaciones arrebatadas” de Bartlett también ponen en riesgo la seguridad jurídica de las empresas que han invertido en México. El lunes, el director de la CFE declaró que AMLO va a invitar a las empresas que invirtieron en el pasado en México a que inicien una revisión de sus contratos, y si no están de acuerdo serán demandadas.

“Mientras no se cambie la Constitución, es ilegal intimidar a los particulares que lícitamente pueden participar en el sector energía del país conforme a las leyes actuales”, estableció Reyes Heroles en su carta.

En su conferencia de prensa del martes, donde no estuvo presente Manuel Bartlett, el presidente aclaró que las empresas que invirtieron en el sector energético no serían demandadas, sino que su gobierno solo hizo un llamado a trabajar con ética. “Yo no voy a ponerme a pelear con las empresas, tienen muy buenos abogados”, dijo el presidente .

Con información de Expansión.

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Política

Secretarios de AMLO habían olvidado declarar carreras inconclusas y conflicto de intereses

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Después de los ultimátums del presidente Andrés Manuel López Obrador y del cruce de explicaciones por el penthouse de Olga Sánchez Cordero, casi todo el gabinete terminó por transparentar en sus declaraciones patrimoniales los montos, copropiedades, conflictos de interés y hasta carreras sin terminar, a través de notas aclaratorias a lo ya publicado en DeclaraNet. Excepto Rocío Nahle, secretaria de Energía, que mantiene ocultos los valores de sus bienes.

Josefa González Blanco Ortiz Mena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incluyó una nota apenas este lunes 11 de febrero reconociendo que tiene una prima que trabaja en IEnova, una de las empresas acusadas de cobrar por un gasoducto que está parado. La nota fue enviada el mismo día que el gobierno señaló a exfuncionarios de estar relacionados con empresas del ramo energético.

“Tengo un vínculo de parentesco por consanguinidad con Tania Ortíz Mena López Negrete, quien actualmente se desempeña como directora general de Infraestructura Energética Nova (IEnova), una empresa que desarrolla proyectos en el sector energético”, señaló la secretaria.

González Blanco había presentado su declaración original totalmente cerrada, y fue de las últimas en abrirla, hasta el 30 de enero, cuando López Obrador dijo que si no lo hacían no podrían trabajar en su gobierno. En su declaración de posibles conflictos de interés no había mencionado ninguno, pero la nota aclaratoria de este lunes, además revela que tiene otros dos parientes en las industrias minera y hotelera.

“Tengo un vínculo de parentesco por consanguinidad con Carlos Ortíz Mena, quien actualmente se desempeña como empleado en Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V. de la empresa Industria Peñoles. Tengo un vínculo por parentesco por consanguinidad con David Ortíz Mena, quien actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum para el periodo 2018-2021”, añadió.

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, también envió una nota aclaratoria el pasado domingo 10 de febrero, donde aclaró que no tiene el título de una de las dos carreras que estudió, Licenciatura en Derecho en la UNAM, porque todavía le falta cubrir materias.

Sí tiene la licenciatura en Economía de la UNAM y maestría en Filosofía por Cambridge, según sus datos curriculares.

Moctezuma Barragán es de los que más cambios ha hecho en su declaración, ya que primero también la presentó cerrada, en enero aceptó abrir parcialmente su patrimonio pero dejó cerrada la parte de posibles conflictos de interés, y hasta ahora publicó los montos de todos sus bienes y como posible conflicto de interés, declaró un dependiente económico socio de “Control Soc”.

Entre las notas aclaratorias de los secretarios también hay una de Alejandra Frausto, de Cultura, que el 27 de diciembre aclaró que su grado de estudios ya debe decir “licenciatura” porque obtuvo el título el 22 de noviembre, es decir, una semana antes de asumir el cargo en la nueva administración.

Su declaración original, presentada el 26 de diciembre, dice que estaba cursando el noveno semestre de la carrera de Derecho en la UNAM, un dato que había mantenido desde su primera declaración en la administración federal, hecha en 2014, cuando pese a la carrera trunca ganaba más de 80 mil pesos como directora de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Otros secretarios tuvieron que presentar notas posteriores para informar del valor de sus bienes, ya que si los tienen en copropiedad con sus parejas, la plataforma DeclaraNet oculta ese dato por protección a terceros que no son servidores públicos. Así pasó con Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública (SFP), que transparentó todo desde el 14 de diciembre.

Más tarde hicieron estas aclaraciones el secretario de Desarrollo Agrario (Sader), Víctor Villalobos, el 29 de enero; el de Salud, Jorge Alcocer, el 30 de enero; y el de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el 5 de febrero.

En el caso de Sánchez Cordero, de Gobernación (Segob), el departamento que tiene con su marido en Houston sigue sin aparecer en el sistema ni en las notas aclaratorias.

Este martes, ante una nueva advertencia de López Obrador de que todas las declaraciones serán abiertas, falta por transparentarse la de Rocío Nahle, secretaria de Energía, que mantuvo “parcial” toda la información de su declaración patrimonial, es decir, sin los montos de cuánto valen sus bienes inmuebles, muebles, vehículos y saldos de cuentas bancarias.

Fuera del gabinete, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ente autónomo, es el único funcionario de alto rango que aprovechó la posibilidad legal de no hacer públicos ni sus bienes ni su posible conflicto de interés.

Con información de Animal Político.

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