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Nacional

Comienza la lucha por enjuiciar a Romero Deschamps

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El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, su familia y amigos cercanos en el gremio han construido “turbios” negocios y disfrutan de una vida “ostentosa” “a costa de los recursos sindicales”, se afirma en una denuncia penal interpuesta en contra del dirigente el 19 de octubre de 2016 ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue ampliada el pasado miércoles 6 de febrero.

Proceso tuvo acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000831/2016, abierta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por los probables delitos de delincuencia organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita; delitos cometidos con dinero de procedencia ilícita (lavado de dinero); fraude; fraude por equiparación; extorsión; defraudación fiscal, y enriquecimiento ilícito.

La denuncia es respaldada por un grupo disidente del STPRM que integran 151 trabajadores de base y el Movimiento Petrolero Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras. La acusación es contra Romero Deschamps y 11 dirigentes seccionales, quienes “presuntamente” se “confabularon” para cometer ilícitos en contra del STPRM.

El documento también revela presuntos vínculos de los señalados con integrantes del cártel de Los Zetas, a quienes, al menos en la sección 30 del STPRM de Poza Rica, Veracruz, se les otorgó información de los ductos para que ordeñaran combustible.

Las 11 personas acusadas junto con Romero Deschamps de cometer dichos ilícitos son: Moisés Balderas Castillo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Hernández García, Moisés Marín García, Artemio de Jesús Enríquez, Mario Carlock Villalobos, Andrés de la Rosa Hernández, Andrés de la Rosa Reyes, Ismael Melgarejo Vázquez, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Esdras Romero Vega y a quienes resulten responsables, por dedicarse a “saquear” el sindicato y “apoderarse” indebidamente del patrimonio de los trabajadores de Pemex.

En el contexto de las acciones contra el robo de combustibles emprendidas por el gobierno federal, el periódico Reforma dio a conocer en su edición del 11 de enero que Romero Deschamps promovió un amparo para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra de parte de la autoridad federal.

Con información de Proceso.

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COPARMEX respalda la conformación de la Guardia Nacional

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El presidente del Consejo Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, ratificó el apoyo del organismo empresarial a favor de la conformación de la Guardia Nacional.

En reunión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con miembros del Consejo Directivo, de Hoyos Walther destacó que el Estado mexicano requiere de la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad, por lo que manifestó que la creación del nuevo cuerpo de seguridad civil es “la mejor posible en las circunstancias actuales”.

Asimismo, el líder empresarial expresó su reconocimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por la formación de la SSPC, acción que calificó como un paso altamente relevante.

Durazo Montaño explicó ante la cúpula empresarial la relevancia de la Guardia Nacional como parte del plan de paz y seguridad, así como cada uno de los ejes estratégicos que se realizan en materia de seguridad.

Señaló que la Guardia Nacional es un instrumento imprescindible que dará mayores capacidades para cumplir con la demanda de garantizar paz y tranquilidad a la población.

“Nosotros pensamos en un diseño de la Guardia Nacional que responda a principios democráticos, no solo respeto a la legalidad sino también a los derechos humanos”, expresó.

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Fiscalía General no abrirá información sobre Odebrecht

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La Fiscalía General de la República (FGR) ignoró este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador: recordó que el pasado 29 de enero, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa le concedió una suspensión definitiva para no abrir sus expedientes del caso Odebrecht, como se le ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en octubre pasado.

Durante su conferencia matutina del miércoles, el mandatario llamó la FGR a transparentar “todo lo de Odebrecht”, y el día anterior aseguró que el INAI operó para no transparentar el caso, lo cual resultó falso.

En una tarjeta informativa emitida esta tarde, la FGR indicó que, en su investigación sobre los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht pagó en México –entre ellos los 10.5 millones de dólares que exdirectivos de la empresa confesaron haber entregado a Emilio Lozoya Austin–, cuenta entre otros con tres mil 239 fojas de información financiera procedente de Suiza.

Los sobornos de Odebrecht transitaron por sociedades offshore incorporadas en paraísos fiscales, y presuntamente terminaron en cuentas abiertas en Gonet et Cie, un banco de Suiza.

Y el pasado 7 de enero, “en virtud de haberse recibido más información financiera procedente de Suiza”, la FGR pidió el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia que elaborara una “red de vínculos respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados”.

La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero recordó que, a lo largo de la investigación, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) entrevistó a seis exdirectivos de Odebrecht “quienes aportaron diversos datos de prueba”, así como a 19 extrabajadores de Pemex.

Lozoya Austin, señalado directamente en Brasil por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos –primero en 2012 cuando coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego como director general de Pemex–, acudió ante la PGR el 17 de agosto de 2017, pero se reservó su derecho a declarar.

La FGR también cuenta con las traducciones al español de las confesiones de Luis Alberto de Meneses Weyll, Luis Mameri e Hilberto Da Silva, tres exdirectivos de Odebrecht en Brasil, en las cuales dan detalles sobre los pagos de sobornos a Lozoya.

“A principios de 2012 constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, declaró Weyll a los fiscales brasileños

Sin embargo, a pesar de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la FGR se limitó en informar de manera factual sobre los avances de la investigación, pero no abrió por completo sus expedientes, alegando la protección al debido proceso.

En paralelo a la investigación de la FGR, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) continua con su propia indagación, en la que trata de determinar si Lozoya recibió sobornos, y si estos fueron a parar de manera ilegal en el financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Mientras encabezaba la FEPADE, el abogado Santiago Nieto Castillo –ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– siguió la investigación de Odebrecht, hasta que el 20 de octubre de 2017, el entonces encargado de la PGR, Alfredo Elías Beltrán, lo removió “con efectos inmediatos”.

Dos semanas después, el periodista Raúl Olmos, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló una serie de correos electrónicos de Carlos Fadigas, quien dirigió Braskem, una filial de Odebrecht en México. En ellos, el hombre confesó que acompañó “de tiempo completo” la campaña del PRI en 2012, y no sólo de Peña Nieto, “sino también de su equipo”

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013.

Con información de Proceso.

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Movilizan a cientos de efectivos militares en Ciudad Juárez, Tijuana y Acapulco

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Sin precisar qué facultades tendrán los militares en la seguridad pública, Miguel Ángel Hernández Martínez, general diplomado de Estado Mayor y comandante de la 5ª Zona Militar, dio arranque en Ciudad Juárez al mando del Ejército en tareas de patrullaje, en coordinación con policías estatales, federales y municipales.

El mando del Ejército y la llegada de un contingente de 600 militares para encargarse de la seguridad pública inició simultáneamente en Ciudad Juárez, Tijuana y Acapulco, posteriormente se extenderá a las otras 17 regiones del país identificadas como prioritarias, según la estrategia de seguridad del Gobierno federal.

El general Miguel Ángel Hernández pidió confianza a la ciudadanía, “que pronto será testigo de los resultados de la estrategia” y llamó a las personas a denunciar a la delincuencia ya que los militares también actuarán con una Unidad de Inteligencia.

“La ciudadanía quiere la paz y nosotros venimos a sumarnos”, aseguró el coronel Eduardo Villegas Velázquez, comandante del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, que patrullará desde este miércoles Ciudad Juárez, señaló que los policías militares tienen la instrucción de actuar con apego a los derechos ciudadanos y esperan no tener quejas.

Para evitar abusos sugirió la creación de un módulo especial de quejas en el Centro de Emergencias 911, para que cualquier queja se atienda de manera rápida.

Por su parte, el colectivo de izquierda Movimiento Juárez contra la Militarización rechazó que los soldados vuelvan a realizar tareas de seguridad pública y patrullaje en Ciudad Juárez, “porque es una estrategia fallida que la ciudadanía ya conoce, que provocó un incremento en el número de asesinatos y desapariciones en la frontera durante el sexenio de Felipe Calderón”.

“Hay una retórica diferente, pero en los hechos no vemos un cambio real, la estrategia de la guerra contra las drogas sigue, con retenes y patrullajes, ahora se insiste en prácticas militares”, cuestionó Gero Fong, integrante del colectivo.

Movimiento Juárez contra la Militarización también rechazó las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañana calificó a las organizaciones que se oponen a la Guardia Nacional como conservadoras y vinculadas a intereses empresariales.

“Los primeros que se opusieron a la militarización aquí en Juárez fueron los integrantes de la izquierda radical, y del entonces gobierno legítimo de López Obrador, estas declaraciones son lamentables y muestran una gran ignorancia, llevamos 12 años cuestionando esta estrategia fallida, somos voces de la izquierda y no recibimos apoyo de empresarios”, señaló.

“Estamos contra la Guardia Nacional porque desvirtúa el carácter civil que debe tener una guardia, y con ella se pretende cambiar la Constitución para darle mayor poder a los militares”.

“Las voces contra la Guardia Nacional no solamente son organizaciones de la sociedad civil, también somos defensores de derechos humanos que trabajan de forma independiente, organizaciones de la izquierda radical y también se han pronunciado en contra organismos internacionales como la ONU y la CIDH” puntualizó.

Con información de La Jornada.

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