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Me declaro inocente, preso político de la administración anterior: Borge

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Por vez primera desde que fue detenido, Roberto Borge rompió el silencio y acusó a la pasada Administración federal, en particular al ex Procurador Raúl Cervantes, de haber emprendido una persecución política en su contra.

Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, el ex Gobernador de Quintana Roo se declaró preso político y solicitó al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero revisar su caso.

El ex Mandatario compareció, vía videoconferencia, desde una rejilla de prácticas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

Vestía uniforme azul claro, lucía pálido, más delgado y nervioso. A cada momento golpeaba con los puños cerrados o con los dedos abiertos la plancha de concreto sobre la que estaba apoyado.

“Por primera vez haré uso de la palabra. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación durante el tiempo en que se investigó por parte de la anterior Administración de la PGR, hoy quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la Administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”, dijo Borge.

No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Le quiero hacer patente que por lo demás, me declaro inocente, hago un exhorto al señor Fiscal Alejandro Gertz Manero para que pueda (revisar) la causa penal.

Borge fue interrumpido por su abogada Sharon Hernández Colín, quien trató de reconvenirlo para que se concentrara en el tema estrictamente legal por el que había sido convocada la audiencia; es decir, para ampliar el plazo de la investigación complementaria.

Preferiría que no abundara en estos temas, le dijo su defensora.
En ese momento, intervino el Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, para explicarle del alcance que podían tener sus manifestaciones.

“Al margen de todo esto, es su derecho y usted puede hacer uso de la palabra”, le señaló el juzgador.

De todas formas, Borge hizo un agregado
Nada más solicitar esa revisión a las nuevas autoridades de la nueva Fiscalía y me declaro inocente, cerró su intervención en una audiencia que inició a las 14:15 horas y tuvo una duración de 41 minutos.
En enero de 2018, tras ser extraditado de Panamá, se informó que Borge padecía de síncope vasovagal, problemas renales y depresión. Ayer, sus defensores dijeron al juez que sufre mayores síntomas que han agravado su salud.

En la misma audiencia, el Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza concedió a Roberto Borge dos meses más de plazo para presentar pruebas de descargo contra la imputación de un presunto lavado que derivaría de un quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio de Quintana Roo.

Los abogados del ex Mandatario argumentaron que, por situaciones ajenas a la defensa, había sido imposible reunir todas las evidencias contra la imputación y por ello se vieron en la necesidad de solicitar una prórroga de la investigación complementaria.

Dado que los fiscales federales no se opusieron a la petición del imputado, el juzgador acordó que la fecha de cierre de la investigación bajo control judicial será el próximo 8 de abril.

Al mismo tiempo, el juzgador rechazó enviar al Centro de Justicia Penal Federal de Cancún el proceso contra Borge, al estimar que ya era un tema juzgado.

Dijo que cuando se asumió la competencia del caso en Nezahualcóyotl, se argumentaron motivos de seguridad y ante estos no proceden las incompetencias.

Esta última decisión fue tomada a raíz de que un tribunal ordenó que se tramitara en Cancún el proceso por lavado contra un coacusado de Borge, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

Con información de Reforma.

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El Tren Maya Presenta Modelo Financiero

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En días pasado se llevó a cabo una reunión entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y el equipo encargado del proyecto del Tren Maya, liderado por el Director General de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

El objetivo fue acordar el modelo financiero que seguirá el Tren Maya, con estricto apego a la ley.

Entre lo acordado en esa reunión destaca lo siguiente:

El proyecto será financiado mediante un esquema de inversión mixta.

Una parte de la inversión (aproximadamente el 10%) quedará a cargo del Gobierno y el resto quedará a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicatarias de esos contratos de inversión mixta en los concursos correspondientes.

Las empresas adjudicatarias de los contratos de inversión mixta serán responsables de la ingeniería de detalle y de la construcción de las vías férreas, o del diseño y fabricación de los trenes, según sea el caso, y de su puesta en operación.

Además, serán responsable de su mantenimiento óptimo por un plazo de 30 años contando a partir del inicio de operaciones.

Las bases de las licitaciones serán abiertas, con el fin de propiciar el mayor número de participantes.

Existirá interconectividad con el resto del país a partir de la coordinación entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

El apego a la ley será un eje rector del proyecto, tanto en lo que respecta al medio ambiente, como a las comunidades en la zona de influencia del Tren Maya.

Esto incluye la elaboración de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Una vez que se obtengan los resultados de los estudios, se aplicarán las medidas de contención y mitigación correspondientes.

Asimismo, el Tren Maya realizará las consultas a los pueblos originarios con apego a la ley y en completa observancia del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.

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Logra fiscalía sentencia condenatoria por peculado contra ex directora de la CAPA

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La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Paula Guadalupe González Cetina por el delito peculado en agravio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Quintana Roo, por lo tanto, seguirá en prisión domiciliaria.

Con base en los datos de prueba presentados por los fiscales, comprobaron que la ahora condenada realizó un desvío de dinero por la cantidad de Mil 055 millones 999 mil 962 pesos de manera irregular.

Cabe destacar que la audiencia comenzó el 11 de febrero a las 12 horas y concluyo el 14 de febrero. El juez fijó el día 21 de febrero para realizar la audiencia de individualización de la pena a la que se hará acreedora la ex titular de CAPA.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de procurar justicia con base en las leyes, y garantiza la reparación del daño al patrimonio de los quintanarroenses.

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Documenta la Comisión de Derechos Humanos en Q.Roo 27 casos de tortura

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De acuerdo a cifras oficiales por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQR), registró alrededor de 20 quejas de personas que han sido vícti­mas de tortura por servidores públicos, don­de Benito Juárez, Cancún, ocupa el segundo lugar, arriba de Solidaridad, Playa del Carmen.

Para entender este delito, cualquier cola­borador de la autoridad municipal o estatal que implemente la tortura hacia una perso­na para que obedezca, sea castigada o para sacar algún tipo de información que pueda proporcionar avances en la investigación de algún caso en específico, hoy en día es una infracción de la ley.

Para eso existen distintos medios para llevar ante la justicia a los que resulten responsables de este delito, tales casos son, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de los Derechos humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQR) en donde uno se ocupa en proteger a los derechos y otro en llevarlo a la judicia­lización, así lo explicó Marco Antonio Toh, presidente de la CDHEQR.

“Muchas personas piensan que, al traer las queja o denuncias a nosotros, es porque vamos a ser función de jueces, sin embargo, no es así, nosotros trabajamos en conjunto con la fiscalía en las labores de investigación para proporcionar las pruebas correspondientes, los que continúan con el caso y lo llevan ante un juez, son ellos”.

Marco Antonio Toh Euán, detalló que ellos continuarán trabajan­do para buscar el bienestar de las personas que han pasado por este delito, protegiendo sus derechos; afirmó que los municipios que ne­cesitan más apoyo en este tema son, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, que los que han presentado mayores quejas.

Mientras tanto a nivel nacional, según datos del Instituto Nacio­nal de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2016 en encuesta realiza­da a más de 64.000 personas que estaban encarceladas en 370 cárce­les de todo el país, el 57,8 por ciento informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado.

De estas personas, el 19 por ciento indicó haber recibido descar­gas eléctricas; el 36 por ciento haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 por ciento haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 por ciento manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que hicieran daño a familiares.

La fiscalía, así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, recomienda acudir sin temor a denunciar a todos aquellos agentes de Seguridad Pública que implementan algún tipo de amenaza o tortura para llevar a cabo su trabajo, en donde vio­lan los derechos humanos.

Con información de La Verdad Noticias.

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